La Legislatura comenzó a analizar el proyecto del Poder Ejecutivo para crear un Código Unificado de Edificación, una normativa que busca establecer reglas comunes para el desarrollo de obras públicas y privadas en toda la provincia.

La propuesta fue presentada ante un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Obras Públicas en la Cámara de Diputados donde la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, explicó los principales alcances de la iniciativa.

Según el Ejecutivo, el nuevo código pretende convertirse en un marco jurídico y técnico común para regular todas las etapas del proceso constructivo, desde la elaboración de proyectos hasta la ejecución, fiscalización, conservación y mantenimiento de las obras.

Uno de los principales fundamentos del proyecto es la diversidad de normativas existentes en los municipios mendocinos. Actualmente, cada comuna aplica su propio código de edificación y, en algunos casos, ni siquiera cuenta con una regulación integral, lo que genera diferencias en los requisitos, dificultades administrativas e incertidumbre para profesionales y desarrolladores.

En ese contexto, la iniciativa propone fijar estándares mínimos obligatorios vinculados a la seguridad estructural, habitabilidad, salubridad, accesibilidad universal, eficiencia energética y sustentabilidad ambiental. También incorpora criterios relacionados con la prevención de riesgos por incendios, sismos e instalaciones.

Badui señaló que el objetivo es brindar previsibilidad y seguridad jurídica a quienes intervienen en la actividad constructiva, sin afectar la autonomía municipal. En ese sentido, aclaró que aspectos como la zonificación, las alturas permitidas, el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y el Factor de Ocupación Total (FOT) continuarán siendo competencia exclusiva de cada municipio.

El proyecto también contempla la posibilidad de que las comunas otorguen beneficios fiscales para promover construcciones sustentables e incorpora herramientas para el tratamiento de aguas grises. Además, establece procedimientos y plazos para las inspecciones de obra, buscando agilizar los controles y unificar criterios técnicos.

Otro de los puntos destacados es la creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial, que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial. Este organismo tendrá la misión de coordinar la aplicación del código, proponer actualizaciones, evaluar nuevas tecnologías y materiales constructivos, e impulsar criterios comunes entre la Provincia y los municipios adherentes.

Durante el debate, legisladores de distintos bloques realizaron observaciones y sugerencias sobre la iniciativa, entre ellas la posibilidad de establecer la adhesión obligatoria para los municipios, revisar los plazos de inspección y definir mecanismos de financiamiento para el funcionamiento de la futura mesa técnica. El proyecto continuará su tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto.