El Gobierno nacional volvió a introducir cambios en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido como Ley de Tierras, en un intento por destrabar su tratamiento en el Senado, donde aún no tiene asegurados los votos para lograr la aprobación de la iniciativa.

El principal cambio apunta al artículo que había generado mayor resistencia política: en lugar de eliminar por completo los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, el nuevo borrador propone elevar el tope vigente del 15% al 25% del territorio de cada provincia.

El oficialismo busca evitar un nuevo traspié

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tiene previsto presentar este martes las modificaciones incorporadas al proyecto, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El objetivo es sumar el respaldo de bloques aliados y evitar un nuevo fracaso legislativo.

La iniciativa está prevista para ser debatida este jueves 6 de agosto, luego de que el oficialismo solicitara un cuarto intermedio durante la sesión del pasado 16 de julio al no reunir los apoyos necesarios para avanzar con la votación.

Qué cambia en la Ley de Tierras

El proyecto original proponía eliminar las restricciones que establece la legislación vigente sobre la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

Con las modificaciones, el límite ya no desaparecería, sino que pasaría del 15% al 25% del territorio provincial.

Además, el nuevo texto mantiene la obligación de que la compra de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros cuente con autorización tanto de la provincia como del Poder Ejecutivo Nacional.

Persisten las resistencias

Pese a los cambios, el oficialismo continúa enfrentando un escenario complejo en el Senado. En los últimos días crecieron las expresiones de rechazo de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y religiosas, que convocaron a una movilización frente al Congreso para el día del tratamiento del proyecto.

A ese escenario se suman las dificultades políticas para garantizar el quórum y reunir los votos necesarios, en medio de negociaciones con sectores aliados y de disputas internas en algunas provincias que podrían influir en el resultado de la sesión.