El Gobierno formalizó una actualización en el esquema de asignaciones familiares destinadas a los trabajadores de la Administración Pública. Los cambios, que no solo incrementan los montos de los beneficios sino que también readecúan los topes salariales para mantener el acceso a las distintas categorías, quedaron establecidos mediante el Decreto 892.

La normativa dispone que el nuevo cuadro rige de manera retroactiva desde el 1 de mayo de 2026, impactando de forma directa en las prestaciones que contempla la Ley Provincial N° 7377.

Así quedaron los nuevos montos por hijo y prenatal

El nuevo esquema salarial redistribuye los beneficios según el nivel de ingresos de cada agente estatal. Para la asignación por hijo, los valores actualizados se dividen en tres grandes tramos:

• Hasta $790.000 de sueldo: Percibirán $35.000.
• Entre $790.000 y $1.185.000: Percibirán $27.000.
• Entre $1.185.000 y $2.700.000: Percibirán $18.000.

Por su parte, la asignación prenatal se reajustó en montos de $39.000, $31.000 y $18.500, respectivamente, siguiendo la misma lógica de ingresos decrecientes.

Prestaciones por discapacidad y asignaciones extraordinarias

El decreto provincial también contempla una fuerte actualización en las partidas destinadas a situaciones de vulnerabilidad y eventos familiares específicos:

Hijo con discapacidad y Ayuda Escolar

• Hijo con discapacidad: Pasará a pagarse $270.000 en el primer tramo; $165.000 en el segundo; y $110.000 para el tope superior de ingresos.
• Ayuda escolar anual (General): Quedó fijada en $50.000.
• Ayuda escolar para hijo con discapacidad: Asciende a $170.000.

• Por Adopción: $2.000.000.
• Por Matrimonio: $31.000.
• Por Nacimiento: $20.000.
• Por Cónyuge: $1.600.

Trámite exprés para futuras actualizaciones

Un cambio administrativo clave que introduce el Decreto 892 es la delegación de facultades al Ministerio de Hacienda y Finanzas. De ahora en más, la cartera económica provincial tendrá la potestad de actualizar tanto los montos de los beneficios como las escalas salariales mediante una simple resolución ministerial, sin necesidad de emitir un nuevo decreto del gobernador.

Desde el Ejecutivo justificaron esta decisión señalando que busca darle mayor dinamismo a la gestión y, fundamentalmente, evitar un “efecto distorsivo”: impedir que los futuros aumentos de sueldo por paritarias terminen empujando a los trabajadores a un tramo superior y, paradójicamente, les hagan cobrar menos asignaciones familiares.