El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 766, una norma que endurece los controles sobre el personal estatal. La medida introduce la obligatoriedad del fichaje biométrico, regula de manera estricta el ausentismo y redefine la concesión de horarios especiales para los empleados de la administración pública.

El corazón del decreto radica en la ratificación del Convenio de Prestación de Servicios de Salud Ocupacional, sellado entre la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Este acuerdo tiene como meta principal implementar un sistema riguroso de control de ausentismo y juntas médicas para todos los agentes públicos que se desempeñen en las áreas detalladas en la normativa.

Desde el Ejecutivo argumentaron que, para auditar eficazmente el ausentismo, es “imprescindible” contar con sistemas de presentismo que brinden datos fehacientes y completos. Por este motivo, el decreto establece con alcance general la obligatoriedad de implementar el sistema de control biométrico de datos (como huella dactilar o reconocimiento facial) en todas las dependencias del Poder Ejecutivo Provincial.

La letra de la norma es tajante respecto al alcance de este registro:

El ingreso y egreso del personal se registrará al solo efecto de acreditar su asistencia al lugar de trabajo, “no revistiendo ello prueba suficiente del cumplimiento de sus tareas normales y habituales”.

La Dirección de Recursos Humanos fue designada como la Autoridad de Aplicación encargada de velar por la instrumentación y puesta en marcha de este sistema.

El Decreto 766 introduce además una modificación directa al Artículo 2º del anterior Decreto Nº 1944/24. A partir de ahora, aunque se reconoce que la dinámica de ciertas áreas estatales exige esquemas horarios flexibles o especiales por la naturaleza del servicio, la concesión de estos ya no quedará en manos de mandos medios.

El nuevo texto legal determina de forma expresa que “cualquier adecuación necesaria por la naturaleza del servicio requerirá el visto bueno expreso del Ministro de la Jurisdicción correspondiente”. Con esta centralización, el Gobierno busca garantizar que las excepciones horarias no afecten la eficiencia ni la calidad de la prestación del servicio público.

Con esta batería de medidas, la gestión provincial busca consolidar una auditoría eficaz del capital humano, cruzando los datos biométricos de asistencia con las auditorías de salud ocupacional de OSEP.