El Estado de Mendoza deberá indemnizar con $101 millones a una penitenciaria que realizó una demanda por haber sido víctima de violencia de género y acoso laboral por parte de sus jefes, hecho por el cual no recibió asistencia del Ministerio de Seguridad.

De acuerdo al expediente, la demandante -de 46 años- sufrió durante varios años distintos tipos de situaciones de violencia, las cuales le produjeron daños psicológicos. Si bien en principio presentó un amparo judicial, la situación escaló hasta una demanda civil por por incapacidad parcial y permanente, daño moral, lucro cesante y pérdida de chance y gastos médicos.

La víctima había comenzado a trabajar en 2006 y en 2012 fue asignada como encargada del área judicial de la Unidad de Alcaidías. Fue a partir del año 2016 cuando su situación cambió al quedar bajo la jefatura de Leonardo Musolino. Según la denuncia, desde ese momento sufrió “malos tratos, descrédito, desprestigio, hostigamiento y acoso laboral y sexual”.

Ante esta situación, la mujer acudió al Ministerio de Seguridad de Mendoza, donde le indicaron que recurriera al Servicio Penitenciario. Allí, tras una consulta médica donde le diagnosticaron “síndrome ansioso relacionado con stress laboral y situación de acoso“. Contrario a lo que se podría esperar, la víctima fue trasladada al Complejo de Boulogne Sur Mer de Ciudad y le impusieron una sanción de apercibimiento por “supuesta falta de respeto a Musolino“. Esta situación sería calificada por la denunciante como un “castigo encubierto” que significó pérdida de tareas y oportunidades de ascenso.

Lejos de que su calvario terminara ahí, un hecho administrativo la volvió a exponer ante su agresor: en 2020, Musolino fue trasladado justamente a Boulogne Sur Mer, lugar donde la denunciante desempeñaba funciones desde 2017. Ante este hecho, la mujer entró en “estado de pánico” y comenzó a llorar por el miedo.

“El Estado Provincial no denunció a Musolino ni le realizó un sumario como hubiese correspondido en el año 2017, ni tampoco lo ha hizo en el año 2020 cuando se produjo otro hecho de violencia que llevó a la penitenciaria a culminar con un estado de salud psicológica y psiquiátrica deplorable“, asevera la denuncia.

Tras sufrir nuevos hechos de violencia e intimidación, la mujer acudió a la Oficina de Violencia de Género y Violencia Institucional del Poder Judicial, donde le recomendaron realizar la denuncia penal.

Al sentirse desprotegida por los distintos sectores del Estado (NdR: la denuncia cita al Servicio Penitenciario, a la Oficina de Violencia Laboral de la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Seguridad, a la Inspección General de Seguridad y a la Unidad Fiscal de Violencia de Género), la víctima presentó un amparo para solicitar medidas urgentes y luego una demanda civil.

En la causa judicial, el tribunal se apoyó en el informe psicológico incorporado a la causa, que estableció un nexo causal directo entre el cuadro clínico de la agente y la exposición prolongada a situaciones de violencia laboral y de género. En consecuencia, la sentencia señala que los abusos, la discriminación y la exclusión laboral generaron un ambiente de estrés constante que derivó en trastornos psicológicos graves.

Con esas conclusiones, la Justicia fijó una indemnización de $90 millones por incapacidad y daño psicológico, a lo que sumaron $10 millones por daño moral y otros montos menores por distintos rubros, hasta alcanzar un total de $101.340.000.