El acuerdo entre la Provincia, la minera estatal Potasio Río Colorado (PRC) y Minera Aguilar SA, que implica la venta del 88% de las acciones de PRC a Minera Aguilar, ha ingresado a Legislatura para su ratificación. El proyecto fue presentado antes de que el Gobierno oficializara el convenio, y obtuvo estado parlamentario en la última sesión del miércoles 27.

Sin embargo, la situación se complica debido a los acuerdos de confidencialidad suscritos con empresas competidoras en el proceso de selección. Las comisiones de Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) serán las encargadas de analizar el proyecto en los próximos días, pero deberán lidiar con la delicada información confidencial.

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, señala que aunque Minera Aguilar ha autorizado la divulgación del contenido del acuerdo, se debe considerar la confidencialidad del proceso de selección, que involucra propuestas de otras dos empresas competidoras. Revelar esta información podría llevar a demandas por parte de las empresas afectadas.

La Provincia está tomando medidas cautelosas debido a los posibles conflictos legales que podrían surgir al divulgar detalles del proceso. Empresas con accionistas o cotizaciones en bolsa pueden ver afectado el precio de sus valores si se revela información sobre negocios fallidos. El acuerdo, firmado el 12 de septiembre, transfiere el 88% de las acciones de PRC a Compañía Minera Aguilar Potasio SA, controlada por Integra Capital SA, empresa del exministro del Interior José Luis Manzano. El restante 12% se transfiere a Impulsa Mendoza Sostenible, conformada por PRC y Fundación Pro Mendoza.

El dictamen de la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado no rechaza el proceso de selección, pero recomienda al Gobernador justificar la necesidad de confidencialidad en el proceso de selección. En el dictamen, se menciona que se contactaron a 60 empresas, de las cuales 14 firmaron acuerdos de confidencialidad para acceder a información necesaria. Cinco de ellas hicieron ofertas no vinculantes, y solo tres llegaron a ofertas formales, que fueron evaluadas.

La confidencialidad acordada con las oferentes entra en conflicto con el derecho a la información pública y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera la divulgación de asuntos de interés público como un derecho humano. Por esta razón, Fiscalía sugiere que la confidencialidad tenga un plazo previsto, similar al acuerdo entre el Gobierno y la minera brasileña Vale, que estableció un plazo de cinco años.

El dictamen también recomienda argumentar la confidencialidad de manera precisa en el decreto enviado a Legislatura para su ratificación, mencionando posibles justificaciones como el secreto comercial-industrial, intereses comerciales y económicos legítimos y el desarrollo estratégico de políticas públicas.