La detención de un médico en Guaymallén no solo generó impacto público, sino que también abrió un fuerte debate institucional sobre cómo deben actuar policías y profesionales de la salud ante personas detenidas. El caso derivó en investigaciones administrativas y dejó en evidencia dos miradas opuestas sobre un mismo procedimiento.

Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que el accionar policial se ajusta a un protocolo claro: cuando una persona es aprehendida y presenta lesiones, debe ser trasladada a un centro de salud para su revisión (con el objetivo de certificar que las heridas son previas a la detención). Este paso busca evitar denuncias posteriores por apremios ilegales y resguardar a los efectivos. Además, remarcan que, ante una negativa de atención, el policía debe dejar constancia formal (identificar al profesional y dar aviso a la Oficina Fiscal).

Sin embargo, del lado del sector médico la interpretación es muy distinta. Desde Ampros, su titular Claudia Iturbe calificó el episodio como “un hecho muy grave” y denunció un accionar desmedido por parte de la Policía. Según explicó, el profesional estaba de guardia atendiendo urgencias (incluyendo pacientes con cuadros críticos), por lo que pidió que el detenido aguardara su turno. Aunque reconoció que el médico no puede negarse a asistir, también subrayó que la prioridad debe ser siempre el paciente en riesgo.

El conflicto, en el fondo, expone una tensión estructural: la utilización de hospitales públicos para procedimientos policiales. Iturbe cuestionó que estos traslados no responden a emergencias médicas (sino a constataciones administrativas) y se realizan en espacios ya saturados (con niños, embarazadas y pacientes en espera). Para el gremio, esto no solo es ineficiente, sino también riesgoso para la atención sanitaria.

En ese contexto, Ampros planteó una salida de fondo: la creación de un cuerpo médico propio para la Policía (que realice estas evaluaciones fuera del sistema hospitalario). Mientras tanto, el caso sigue bajo análisis y deja una pregunta abierta: ¿se cumplió el protocolo o falló su aplicación en un sistema que ya está al límite?