El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley para reformar el funcionamiento del Fondo Escolar Permanente con el objetivo de ampliar sus herramientas de financiamiento y permitir que parte de sus recursos sirvan como respaldo para programas de acceso a la vivienda destinados a docentes.
La iniciativa, presentada por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, ingresó a la Cámara de Diputados y plantea modificaciones a la Ley 9.545, vigente desde 2023.
Uno de los cambios centrales apunta a incorporar nuevas fuentes de ingresos al Fondo Escolar Permanente. En caso de aprobarse, la DGE podrá sumar los recursos obtenidos por la venta de bienes en desuso o rezagos patrimoniales, con el objetivo de fortalecer el financiamiento destinado a infraestructura educativa.
Según el proyecto, las rentas generadas por el fondo continuarán teniendo una asignación específica para la compra de terrenos, la construcción de nuevos establecimientos, las tareas de mantenimiento y reparación de edificios escolares, además de la adquisición de equipamiento para las escuelas de toda la provincia.
La principal novedad, sin embargo, es la creación de un régimen que permitirá utilizar parte de esos recursos como garantía en operaciones financieras vinculadas a programas habitacionales para el personal docente. El objetivo es facilitar el acceso al crédito sin afectar el funcionamiento habitual del Fondo Escolar Permanente.
La propuesta aclara que no se trata de utilizar directamente el dinero destinado a infraestructura, sino de constituir mecanismos específicos —como fideicomisos, reservas o fondos de garantía— que respalden operaciones de financiamiento bajo condiciones previamente reglamentadas.
Desde el Ejecutivo sostienen que el déficit habitacional que afecta a una parte de los trabajadores de la educación requiere nuevas herramientas para facilitar el acceso a una vivienda, utilizando los recursos públicos como respaldo para movilizar financiamiento privado o bancario.
El proyecto también busca modernizar la administración patrimonial de la DGE al permitir una gestión más dinámica de sus activos. Ahora será la Legislatura la que deberá debatir la iniciativa, que combina el fortalecimiento de la inversión en infraestructura escolar con la incorporación de instrumentos financieros para atender una de las principales demandas del sector docente: el acceso a una vivienda propia.
