La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó el 5 de septiembre y modificó las herramientas disponibles para intervenir ante delitos cometidos por menores de edad. Desde entonces, según datos del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía puso a disposición de la Justicia a 12 adolescentes de entre 14 y 17 años, vinculados a investigaciones por robos, amenazas, tenencia ilegal de armas e ingreso a propiedades privadas.
Los procedimientos se realizaron en el Gran Mendoza, el Sur, el Valle de Uco y zonas rurales. Durante la primera semana se contabilizaron ocho ingresos al sistema: seis correspondieron a la zona Centro y dos al Sur; en la segunda semana se sumaron otros cuatro casos, entre ellos un adolescente de 14 años del Valle de Uco investigado por tenencia ilegal de un arma de fuego. Los restantes procedimientos se concentraron en la zona Centro y estuvieron relacionados con causas por robo y hurto.
La reforma permite intervenir penalmente desde los 14 años, mientras que para los adolescentes mayores de 16 contempla la aplicación del Código Penal y distintas alternativas de sanción. Entre las medidas previstas aparecen la reparación del daño, tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento, restricciones ambulatorias y monitoreo mediante tobillera electrónica, mientras que la privación de la libertad queda establecida como última instancia. De los 12 adolescentes aprehendidos, cinco —de entre 14 y 15 años— fueron derivados a la Unidad de Medidas Alternativas (UMA), pero ninguno quedó detenido.
En paralelo, Mendoza avanza con una nueva estructura judicial específica para estos casos. El Senado ya dio media sanción al proyecto de Código Procesal Penal Juvenil, que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados y propone un fuero especializado con jueces, fiscales y defensores, además de mecanismos como juicios abreviados y supervisores especializados. El Gobierno provincial estima que la implementación del nuevo esquema podría generar un aumento progresivo de hasta el 30% en los ingresos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que actualmente alcanza a más de 500 jóvenes de entre 16 y 18 años.
