La tensión política se traslada nuevamente al Congreso. Luego de que la oposición fallara la semana pasada en su intento de conseguir el quorum para interpelar a Manuel Adorni, el próximo miércoles las distintas fuerzas volverán a medir sus estrategias en el recinto con dos convocatorias cruzadas que prometen una fuerte batalla por el control de la agenda legislativa.

Por un lado, un arco opositor compuesto por Unión por la Patria (UxP), el socialismo de Esteban Paulón y sectores radicales críticos referenciados en Pablo Juliano, solicitó una sesión especial para las 11:00. El interbloque busca reactivar el debate en comisiones clave —como Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento— para avanzar con pedidos de informes verbales y evaluar una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete por presuntas irregularidades patrimoniales y en el manejo de fondos públicos.

En paralelo, pretenden incluir en el debate proyectos vinculados a la cobertura del PAMI, la restitución del plan Remediar y modificaciones en las licencias parentales.

Sin embargo, desde la Casa Rosada desactivaron la embestida con una contraofensiva de agenda. El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, ganaron de mano citando a una sesión propia apenas una hora antes, a las 10. Para esta primera convocatoria, La Libertad Avanza contaría con el respaldo asegurado del PRO, el radicalismo dialoguista y bloques de provincias, garantizándose el piso necesario para sesionar.

El temario impulsado por el Gobierno nacional concentra iniciativas de alto impacto económico y administrativo:

• Ley Hojarasca: El proyecto diseñado por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, enfocado en la eliminación de un conjunto de leyes consideradas obsoletas.
• Tratados internacionales: Acuerdos bilaterales promovidos desde la Comisión de Relaciones Exteriores.
• Reforma al sistema de Zonas Frías: La modificación del esquema de subsidios al gas residencial sancionado en 2021.

Este último punto promete ser el más conflictivo de la jornada. El dictamen de mayoría, defendido en comisiones por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, plantea desmantelar el beneficio generalizado para las regiones incorporadas hace cinco años (que abarcan sectores de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja).

Desde la perspectiva del Ejecutivo, la normativa previa “desnaturalizó” el sentido de la asistencia social al incluir áreas sin temperaturas extremas equivalentes, elevando drásticamente el gasto público. Con el nuevo diseño, la tarifa subsidiada se sostendrá únicamente de forma automática para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para el resto del mapa, la cobertura quedará limitada exclusivamente a los hogares de menores recursos que califiquen dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), instrumentado por decreto a fines de 2025.

Cruces y resistencia desde las provincias

La reforma energética despertó inmediatas señales de rechazo en los bloques opositores y federales:

“Se reduce el alcance de los beneficios para millones de usuarios mientras se profundizan los recargos. El manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Ejecutivo; constituyen un derecho fundamental”, cuestionó la diputada de UxP, Jimena López, quien además criticó las constantes subas aplicadas por decreto en los cargos fijos de financiamiento durante el último año.

En sintonía, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez (Hacemos por Córdoba) alertó que la provincia perdería unos 670.000 beneficiarios y tildó de “ofensivos” los argumentos oficiales que señalan que el subsidio amparaba consumos de lujo como piletas climatizadas. El legislador defendió la infraestructura propia desarrollada en su provincia bajo la gestión de Juan Schiaretti y puso en duda la “sensibilidad social” de la propuesta gubernamental.

Por otra parte, la iniciativa oficialista también incluye un capítulo clave para sanear las cuentas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El texto faculta a la Subsecretaría de Energía Eléctrica y a CAMMESA a instrumentar mecanismos de compensación de créditos y deudas para las distribuidoras que acepten regularizar sus pasivos y desistan de demandas judiciales contra el Estado Nacional. Se trata de un tablero complejo: firmas como Edenor y Edesur reclaman compensaciones por ingresos no percibidos que superan los US$ 3.100 millones, mientras que en paralelo arrastran saldos pendientes con la propia CAMMESA por cerca de US$ 1.100 millones.

Finalmente, como contraparte de fomento ambiental, el proyecto estipula extender hasta el año 2045 la liberación de cargas e impuestos fiscales para el desarrollo de proyectos de energías limpias (eólica, solar, hidráulica, biomasa, geotérmica y mareomotriz), buscando sostener el marco de previsibilidad para las inversiones en el sector de renovables.