En el marco del Día de la Dislexia, la Asociación Mendocina Hablemos de Dislexia brindó una entrevista en Radio Post donde se abordaron datos preocupantes, testimonios personales y el reclamo por mayor acompañamiento institucional.

“Entre un 10 y un 12% de la población tiene dislexia”, advirtió Daniela Agrain, presidenta de la entidad, quien explicó que se trata de un trastorno del aprendizaje de base neurobiológica, no una enfermedad. “En un aula de 30 chicos, puede haber al menos tres con dislexia, aunque muchos adultos lo descubren recién cuando diagnostican a sus hijos”, señaló.

Agrain detalló que la dislexia se manifiesta en la falta de fluidez lectora, errores ortográficos y dificultades para procesar la lectura y la escritura, pero remarcó que una detección temprana cambia por completo el desarrollo educativo y emocional del niño.

Por su parte, Marcelo Deambrosi, integrante de la asociación, compartió su historia personal: “Yo tengo este trastorno y cuando iba a la escuela me trataban de burro. A mi hija se lo detectaron en primer grado, y aunque ha salido adelante, tuvo que esforzarse muchísimo más que sus compañeros”. El referente destacó además el impacto emocional y el sufrimiento que genera la falta de comprensión en el entorno escolar, donde aún persisten casos de bullying hacia estudiantes con dislexia.

Durante la transmisión, Radio Post compartió mensajes de oyentes que se animaron a contar sus experiencias. Entre ellos, el reconocido enólogo Alejandro Vigil reveló públicamente que es disléxico: “Durante toda mi escolarización sufrí maltratos y cambios de escuela. No se conocía el tema. Cuando entendí lo que tenía, fue una gran tranquilidad. Aprendí a resolver los problemas de una forma distinta”, expresó.

La presidenta de la asociación recordó además que la Ley Nacional 27.306 garantiza derechos específicos para las personas con dislexia, entre ellos la capacitación docente obligatoria y la cobertura de tratamientos por obras sociales. Sin embargo, lamentó que “muchas veces no se cumple y las familias terminan recurriendo a certificados de discapacidad, algo que no debería ser necesario”.