La vicegobernadora Hebe Casado encaró hace tiempo un proyecto de Ley Hojarasca dividido en etapas. Fue para copiar una propuesta nacional de Federico Sturzanegger, ministro de Desregulación, cuando coqueteaba con el mileísmo para que la afiliaran a La Libertad Avanza.

La ficha de afiliación nunca ingresó pero la Vicegobernadora siguió adelante con la iniciativa y tras dos proyectos anteriores, llegó la tercera parte. Sin embargo, la propuesta que sancionó el Senado tuvo cambios en Diputados y volvió en segunda revisión.

“Este proyecto constituye la tercera etapa de un proceso integral orientado a revisar y actualizar la totalidad del marco normativo provincial. En la primera etapa se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas hasta el año 1950. En la segunda etapa se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas entre los años 1951 y 1975”, y “en esta oportunidad, el análisis abarca aquellas sancionadas entre 1976 y 1990″, señala la fundamentación.

En esa línea, agrega que “durante el análisis del último período señalado 1976-1990) se revisaron 303 leyes generales vigentes, de las cuales se propone la derogación total de 133 y parcial de 1. La elección de este intervalo temporal responde a la posibilidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva, acorde con los recursos humanos actualmente disponibles. Las normas sancionadas con posterioridad a 1991 serán objeto de análisis en las siguientes etapas del proyecto”.

Los criterios utilizados para definir qué leyes serán eliminadas incluyen aquellas que quedaron desactualizadas por los cambios tecnológicos, económicos o sociales, las que fueron sustituidas por normas posteriores más completas y las que hacen referencia a organismos o instituciones que ya no existen.

La iniciativa forma parte de un trabajo de revisión legislativa que comenzó con las leyes sancionadas hasta 1950 y continuó con las aprobadas entre 1951 y 1975. La intención es avanzar progresivamente hasta revisar la totalidad del cuerpo normativo provincial y conformar un digesto legal que facilite la consulta y aplicación de las leyes vigentes.