Este miércoles, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la modificación de la Ley 6722, que regula las circunstancias “fácticas y normativas que autorizan la utilización de armas de fuego por parte del personal policial”, con el objetivo de adecuar los criterios provinciales al protocolo que rige para las fuerzas federales.

La iniciativa, impulsada por Gustavo Cairo -de La Libertad Avanza- y Enrique Thomas -del bloque PRO Libertad-, plantea que “resulta trascendente adecuar, a través de la pertinente reglamentación, la actuación de los funcionarios de la policía de Mendoza, de igual manera que las fuerzas federales”.

Durante el debate, Cairo sostuvo que las reformas toman como antecedente la reciente resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación y remarcó que actualmente existen “dos fuerzas policiales que cuando actúan en conjunto, unos tienen unas reglas y otros tienen otras”.

Según detalló Cairo, el proyecto “brinda más seguridad a la policía” y explicó que el objetivo es que, si un efectivo “ha actuado dentro del protocolo establecido, dentro del marco legal vigente, que no se lo castigue administrativamente” hasta que exista una resolución judicial.

En el recinto hubo posiciones divididas. Entre los argumentos de quienes se posicionaron en contra del proyecto -como José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos) y Germán Gómez (PJ)- se planteó que “este no es un tema de inseguridad”, sino parte de una discusión sobre “la violencia policial e institucional”, y se calificó a la iniciativa como una propuesta propia de “leyes de mano dura”. También se dijo que la iniciativa “es una retracción de derechos” y “va a contramano de un Estado de Derecho”. Según parte de los opositores, las modificaciones “van a generar mucha incertidumbre y es muy peligroso”, advirtiendo la diferencia entre “peligro hipotético” y “peligro inminente”.

En contrapartida, los bloques que acompañaron la media sanción defendieron la necesidad de actualización normativa. Cintia Gómez sostuvo que la Ley 6722 “necesitaba esta actualización” y afirmó que “a las fuerzas de seguridad se les perdona menos que a los delincuentes”. Para quienes acompañaron la iniciativa, el proyecto “se pone del lado de los policías” y la reforma no se trata de fomentar “el gatillo fácil”, sino de “dar reglas de juego claras”.

Cabe resaltar que la reforma también incorpora criterios para la identificación previa al uso del arma reglamentaria y redefine los supuestos de “peligro inminente”, buscando aclarar el alcance de la actuación policial. El proyecto pasará ahora al Senado para su tratamiento final.

¿Cuáles son los cambios que establece el proyecto?

La iniciativa modifica los artículos 2° y 9° de la Ley 6722, ampliando y precisando las condiciones en las que los efectivos pueden usar armas de fuego. El texto incorpora nuevas funciones dentro del “servicio de seguridad”, como asegurar personas y bienes ante situaciones de “inseguridad y peligro inminente”, defender bienes del Estado provincial y “esgrimir sus armas cuando fuere necesario”, además de reforzar tareas de vigilancia y mantenimiento del orden en espacios públicos.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la actualización del concepto de “peligro inminente”, que ahora incluirá los siguientes criterios: desde amenazas de muerte o lesiones graves, la posesión de armas letales o réplicas, movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma, intentos de fuga armada tras causar lesiones graves y situaciones de desventaja táctica. También se contempla la capacidad de causar lesiones graves aun sin armas y casos que, sin estar listados, resulten “asimilables” por implicar riesgo para terceros o para el personal policial.

En cuanto a la identificación previa, la ley mantendrá la obligación general de advertencia, pero establece excepciones cuando esa advertencia genere un riesgo para el efectivo o terceros, exponga su ubicación, exista desventaja numérica o resulte “inadecuada o inútil” dadas las circunstancias.

En todos los casos donde el uso del arma produzca lesiones o muerte, el personal deberá asistir de inmediato a los involucrados, pedir ayuda médica y comunicar el hecho a la justicia.

Finalmente, se incorpora una cláusula que impide adoptar medidas administrativas o disciplinarias mientras no exista una resolución judicial firme, siempre que el accionar del efectivo “verosímilmente haya sido ajustado a la ley”.