La Cámara de Diputados aprobó el convenio que reconoce acreencias por $121.282 millones a favor de Mendoza y reordena las obligaciones entre ambas administraciones. La oposición cuestionó que la Provincia desista de dos demandas contra el Estado nacional ante la Corte Suprema.
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción este miércoles al acuerdo entre el Gobierno provincial y la Nación para compensar deudas y acreencias entre ambas jurisdicciones. La iniciativa fue aprobada por mayoría y ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado provincial.
El proyecto enviado por el Ejecutivo ratifica el Decreto 1691, mediante el cual Mendoza aprobó el convenio con el Estado nacional en el marco del denominado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
La votación terminó con 34 votos afirmativos, 10 negativos y tres ausencias. En contra se pronunciaron legisladores del PJ, Fuerza Patria y Frente Renovador Mendoza.
Cuánto dinero reconoce Nación a Mendoza
Uno de los principales puntos del convenio es el reconocimiento de $121.282 millones en acreencias a favor de Mendoza, correspondientes a distintos reclamos que la Provincia mantenía frente al Gobierno nacional.
Entre ellos aparecen fondos vinculados al Consenso Fiscal, obras de viviendas y trabajos realizados por Mendoza en las rutas nacionales 40 y 143.
El esquema está relacionado, además, con el anticipo de recursos coparticipables por poco más de $325.000 millones al que había accedido la Provincia, con una tasa nominal anual fija del 15%.
Según explicó durante el debate la diputada radical Elisabeth Crescitelli, al computarse las acreencias reconocidas por Nación, esos $121.000 millones son recursos que Mendoza ya no deberá devolver. De esta manera, quedaría un saldo cercano a los $212.000 millones, que deberá afrontar la Provincia en cuotas.
El Ejecutivo sostiene, además, que la modificación del cronograma de pagos representa un beneficio financiero estimado en $7.677 millones, calculado a valores del 1 de agosto de 2026, como consecuencia del diferimiento de los vencimientos.
El punto que generó polémica: dos juicios contra Nación
El debate legislativo también dejó expuesto uno de los aspectos más controvertidos del entendimiento: Mendoza desistirá de la acción y del derecho en dos causas que mantenía contra el Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia.
La diputada del PRO Jimena Cogo reconoció ese punto durante la sesión, aunque defendió el acompañamiento al proyecto al considerar el costo financiero que implicaba para Mendoza continuar esperando una resolución judicial.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron con dureza esa decisión.
El diputado Germán Gómez, del PJ, sostuvo que existen razones jurídicas, económicas y financieras para rechazar el convenio y consideró que el entendimiento beneficia principalmente las cuentas del Gobierno nacional.
Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, también advirtió sobre un posible “perjuicio a los intereses provinciales” por abandonar las dos demandas vinculadas al reclamo de fondos coparticipables y recursos federales.
En la misma línea, Verónica Valverde (PJ) cuestionó que se den de baja juicios que, según la oposición, podrían significar mayores recursos para Mendoza en el futuro.
Los votos que permitieron la media sanción
Además del oficialismo, el convenio recibió respaldo de otros sectores políticos. Desde el PRO argumentaron a favor por el costo de oportunidad del acuerdo, mientras que Jorge Difonso, de La Unión Mendocina, justificó su acompañamiento por la necesidad de resolver reclamos vinculados con rutas, viviendas y otros compromisos pendientes.
La Libertad Avanza también votó favorablemente. Nicolás De Pedro consideró que el convenio aporta “orden, responsabilidad fiscal y previsibilidad” y sostuvo que resulta beneficioso tanto para Mendoza como para Nación.
Con la media sanción de Diputados, el acuerdo deberá pasar ahora al Senado de Mendoza para completar su trámite legislativo. De convertirse en ley, quedará ratificado el esquema que compensará parte de las obligaciones cruzadas entre la Provincia y la Nación y redefinirá el pago del saldo pendiente.
