La decisión del Gobierno de Mendoza de avanzar con la venta de las acciones provinciales de HINISA y el proceso licitatorio del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles sumó nuevas críticas de la oposición. Legisladores de Fuerza Patria y de La Unión Mendocina reclamaron mayor información sobre la operación y advirtieron sobre la posible pérdida de control provincial sobre un activo estratégico para la generación de energía.

Los senadores Félix González y Omar Parisi (Fuerza Patria) presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle el estado del proceso licitatorio y explique el cumplimiento de la Ley 9.630, que establecía la obligación de remitir informes trimestrales a la Legislatura.

La iniciativa solicita precisiones sobre cuatro puntos: la falta de esos informes, el estado del convenio firmado entre Mendoza y la Nación para llevar adelante una licitación conjunta de los complejos hidroeléctricos, la continuidad laboral de los trabajadores de HINISA e HIDISA y la preservación del 39% de participación accionaria que la Provincia mantiene en HIDISA.

En un comunicado, los legisladores señalaron que la defensa de los recursos naturales y las fuentes de energía constituye una responsabilidad estratégica para Mendoza. Además, sostuvieron que es necesario garantizar la autonomía provincial sobre los bienes energéticos, asegurar la rendición de cuentas y resguardar el patrimonio público.

A esos cuestionamientos se sumó el diputado provincial Jorge Difonso (La Unión Mendocina), quien difundió una carta en la que rechazó la venta de las acciones de HINISA. Según el legislador, la medida implica resignar “el último lugar de soberanía que teníamos los mendocinos” sobre el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

Entre sus principales objeciones, Difonso mencionó la pérdida del control provincial sobre un activo estratégico, la falta de información oficial sobre dos de las cuatro centrales, que permanecen fuera de servicio desde hace más de un año y medio, las dudas sobre el destino de las regalías y el eventual impacto que la operación podría tener sobre el abastecimiento eléctrico y los costos para los usuarios.

Para el diputado, el debate trasciende una decisión societaria y plantea una discusión de fondo sobre el rol que debe mantener el Estado en la administración de recursos energéticos considerados estratégicos para la provincia.