El segundo y último aguinaldo del año ya tiene su fecha límite definida. El Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2025 deberá pagarse antes del 18 de diciembre, tal como establece la Ley 23.041. Este ingreso adicional, vigente desde 1945, sigue siendo un refuerzo económico fundamental para millones de trabajadores formales, jubilados y pensionados del país.

Aunque la norma fija como tope el jueves 18 de diciembre, muchas empresas suelen adelantarlo durante la semana previa para ordenar sus cierres administrativos y garantizar que los empleados cuenten con el dinero antes de las fiestas. En todos los casos, el incumplimiento del plazo habilita sanciones legales y permite al trabajador exigir el pago inmediato, un resguardo clave en momentos de alta demanda económica.

El cálculo del aguinaldo mantiene su lógica tradicional: se toma el 50% del salario mensual más alto percibido entre julio y diciembre. Dentro de ese monto solo se incluyen conceptos remunerativos como el sueldo básico, las horas extras y las comisiones. Quedan fuera los pagos no remunerativos, bonos extraordinarios, asignaciones familiares o reintegros, ya que no integran la base legal del SAC.

Para quienes no trabajaron todo el semestre, el pago se calcula de manera proporcional: mejor sueldo mensual x meses trabajados / 12. Este método garantiza un monto justo según el tiempo efectivamente prestado.

El derecho a cobrar aguinaldo corresponde a trabajadores en relación de dependencia —tanto del sector público como privado—, además de jubilados, pensionados y empleados con contratos temporales o por proyecto. En cambio, quienes trabajan de manera informal, los monotributistas y los profesionales independientes quedan excluidos, dado que el SAC está ligado a vínculos laborales formales con aportes previsionales activos.

En términos económicos, el aguinaldo de diciembre se vuelve un alivio esencial para atravesar los gastos de fin de año, desde celebraciones hasta obligaciones familiares. Por eso, su llegada mantiene un rol central en la planificación financiera de los hogares argentinos, sosteniendo un sistema que desde hace décadas busca equilibrar el poder adquisitivo de quienes forman parte del trabajo registrado.