Hay momentos en la política en los que pedir disculpas no alcanza. Y hay otros en los que ni siquiera las disculpas aparecen. Lo ocurrido con Hebe Casado pertenece a esta última categoría. Sus expresiones, cuestionadas por racistas y rechazadas por la Embajada de Francia, no fueron un exabrupto menor en una red social: generaron un incidente diplomático que obligó al gobernador Alfredo Cornejo a intervenir personalmente para reparar el daño.
La carta enviada al embajador Romain Nadal es, en los hechos, una desautorización política de su vicegobernadora. Aunque Cornejo evitó nombrarla, cada párrafo apunta a dejar en claro que Mendoza no piensa como ella, que el Gobierno provincial no comparte sus dichos y que la provincia se identifica con la diversidad, el respeto y la convivencia democrática. El mensaje fue tan contundente como diplomático.
Pero esa estrategia tiene un límite. Si las declaraciones de Hebe Casado son incompatibles con los valores que el propio gobernador dice representar, entonces también resultan incompatibles con el cargo institucional que ocupa. No alcanza con aclarar que fueron opiniones personales cuando quien las expresa es la segunda autoridad de la provincia. Un vicegobernador nunca habla solamente a título personal. Su palabra tiene inevitablemente peso institucional.
Cornejo entendió que debía preservar la relación con Francia porque estaban en juego mucho más que unas declaraciones desafortunadas. Mendoza mantiene vínculos históricos, comerciales, culturales y académicos con ese país. El costo de guardar silencio era demasiado alto. Sin embargo, reparar el frente externo mientras se evita asumir el costo político interno deja una sensación de respuesta incompleta.
La discusión tampoco pasa por la libertad de expresión. Hebe Casado tiene derecho a expresar sus opiniones como cualquier ciudadano. Lo que no puede pretender es hacerlo desde un cargo institucional sin hacerse cargo de las consecuencias. La representación política exige estándares distintos. Quien ocupa una función pública debe saber que sus palabras comprometen a la institución que representa.
Por eso la salida lógica ya no depende de Cornejo sino de la propia vicegobernadora. Si el gobernador tuvo que escribir una carta para explicar que Mendoza no piensa como ella, la continuidad de Casado en el cargo se vuelve difícil de justificar. En política existen errores que pueden corregirse y otros que erosionan la autoridad institucional. Este parece pertenecer a la segunda categoría.
La renuncia de Hebe Casado no debería entenderse como una sanción por opinar diferente, sino como un acto de responsabilidad política frente a un hecho que trascendió las fronteras de Mendoza y obligó al propio gobernador a desautorizarla ante un gobierno extranjero. Cuando un mandatario debe salir a explicar que su vicegobernadora no representa a la provincia, el problema ya no es diplomático: es político. Y la única forma de cerrarlo de manera coherente es con la renuncia de quien lo provocó.
