En medio de las tensiones por los reclamos de soberanía interpuesto por Argentina, la administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias vigentes para realizar actividades petroleras offshore en el Atlántico Sur. La decisión cuenta con el respaldo del Reino Unido.

La extensión permitirá que las compañías que ya cuentan con permisos continúen durante ese período con sus actividades de exploración y explotación petrolera. Además, las licencias podrán extenderse por otros dos años si las empresas cumplen con los programas de trabajo establecidos.

“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, quien tiene a su cargo las áreas vinculadas con Comercio, Industria y Recursos Minerales.

La medida se conoció mientras el Gobierno argentino intensifica sus acciones contra las compañías que operan en la zona sin autorización nacional y considera ilegales los permisos concedidos por las autoridades británicas. En este sentido, cabe recordar que el presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en el archipiélago.

El proyecto Sea Lion, en el centro de la escena

Uno de los principales proyectos alcanzados por la prórroga es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. El desarrollo está encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Navitas posee el 65% del proyecto y Rockhopper controla el 35% restante. Las compañías tienen previsto comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.

Sin embargo, en paralelo a la extensión de las licencias, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.

La resolución surgió a partir de una presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.

Además de Navitas y Rockhopper, cuentan con permisos exploratorios en la zona las empresas británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto con la canadiense JHI.

La administración isleña también autorizó que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del bloque PL001, ubicado junto a Sea Lion, a partir de un acuerdo firmado en febrero con JHI Associates. Según el comunicado difundido en las islas, la operación busca “acelerar la evaluación y el desarrollo” de ese bloque.

La disputa entre Argentina y el Reino Unido

Argentina sostiene que las licencias otorgadas por la administración británica son ilegales y que cualquier actividad vinculada con la explotación de hidrocarburos en el área requiere autorización argentina.

El Reino Unido rechaza esa posición y sostiene que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que operan en las islas, y reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar sus recursos naturales.

Argentina, por su parte, invoca entre sus argumentos la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente una solución sobre la soberanía.

Con ese escenario planteado, la prórroga de las licencias, en principio, tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de sumar otros dos si las empresas cumplen los programas de trabajo establecidos.