El Interbloque Encuentro Mendocino cuestionó el proyecto impulsado por el oficialismo para agilizar los procesos de desadjudicación y recuperación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), al considerar que la iniciativa vuelve a poner el foco sobre las familias adjudicatarias mientras evita discutir los privilegios y las irregularidades en el acceso a las viviendas sociales.
Durante el debate legislativo en el Senado, Mauricio Sat (PJ) advirtió que el proyecto aborda sólo una parte del problema y deja afuera la discusión de fondo: quiénes reciben las viviendas del Estado y bajo qué criterios. “Estamos todos de acuerdo en que una vivienda debe recuperarse cuando fue alquilada, abandonada o utilizada indebidamente. Lo que no estamos discutiendo es cuándo una vivienda fue mal adjudicada. Y ese es el verdadero problema que el oficialismo se niega a abordar”, sostuvo.
Sat recordó que presentó una iniciativa para impedir que funcionarios públicos, familiares directos y socios comerciales accedan a viviendas sociales, proyecto que continúa sin tratamiento legislativo. “La transparencia no empieza con la desadjudicación. La transparencia empieza con la adjudicación. Si queremos recuperar la confianza de la gente, tenemos que garantizar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan y no a quienes tienen vínculos con el poder”, afirmó.
El legislador también cuestionó la velocidad con la que el oficialismo impulsa medidas para recuperar viviendas, mientras evita avanzar sobre los mecanismos que permitirían transparentar las adjudicaciones. “Para desalojar hay urgencia. Para transparentar las adjudicaciones, no. Parece que el problema no es quién recibe la vivienda, sino solamente cómo recuperarla después”, señaló.
Por su parte, el senador Ariel Pringles advirtió sobre las consecuencias jurídicas que podría generar la norma y presentó observaciones técnicas respecto de algunos aspectos del proyecto. “Lo que estamos haciendo es habilitar que una familia pueda ser desalojada de una vivienda aun cuando la discusión sobre esa desadjudicación siga abierta en sede administrativa o judicial”, alertó.
Pringles explicó que, de concretarse esa situación, podría generarse un perjuicio irreparable para las familias afectadas. “Si posteriormente la Justicia o la propia administración determinan que la decisión fue incorrecta, el daño ya estará hecho porque la familia habrá sido expulsada de su hogar. Estamos hablando de derechos fundamentales que deben ser protegidos”, sostuvo.
Asimismo, señaló que la iniciativa podría entrar en tensión con garantías constitucionales vinculadas al derecho a la vivienda, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa. “Todos queremos combatir las irregularidades y recuperar las viviendas mal utilizadas. Pero no podemos hacerlo vulnerando derechos ni debilitando las garantías que protegen a los ciudadanos frente al poder del Estado”, agregó.
Desde Encuentro Mendocino señalaron que la crisis habitacional de Mendoza requiere una discusión mucho más profunda, vinculada al déficit de viviendas, la transparencia en las adjudicaciones y la eliminación de privilegios en el acceso a políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables. “A los más débiles se les exige todo. A quienes tienen poder o vínculos con el poder, nadie los controla. Esa es la discusión que el oficialismo no quiere dar”, remarcó Sat.
Finalmente, el Interbloque ratificó que continuará impulsando iniciativas para transparentar el acceso a las viviendas sociales y garantizar que los recursos del Estado lleguen efectivamente a quienes los necesitan. “Las viviendas sociales tienen que ser para las familias que las necesitan, no para los privilegiados ni para los amigos del poder”, concluyó el senador.
