El escándalo institucional y ambiental desatado por los desbordes cloacales en la localidad de Los Corralitos, Guaymallén, sumó la declaración de una de las voces más buscadas.

El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, rompió el silencio tras la sanción de 120 millones de pesos aplicada a Aguas Mendocinas (Aysam) y ofreció un crudo diagnóstico sobre el estado de las obras y el futuro judicial del conflicto, según señaló diario El Sol.

Marinelli explicó que el monto de la penalidad no es arbitrario, sino que responde a una reciente actualización de la normativa. “Antes el máximo era de un millón de pesos. La ley cambió, se estableció un esquema de unidades y, ante la reiteración de una problemática, la metodología implica ir escalando en montos”, detalló, ratificando que la sanción se debió exclusivamente al vuelco no autorizado de líquidos residuales sobre el Ramo 12, ya que el organismo nunca avaló el desvío hacia el Canal Pescara.

A pesar de la sanción, el titular de Irrigación sorprendió al empatizar con la encrucijada que debieron afrontar los operarios de Aysam en el terreno ante el colapso del sistema.

“Se desborda un líquido y entraba a las casas o hacían lo que hicieron. Si hubiese estado en el lugar de esos operarios de Aysam hubiera hecho lo mismo. Nosotros como autoridad tenemos que reclamar y condenarlo porque somos perjudicados, pero realmente hay que entender la situación también”, confesó el funcionario.

No obstante, Marinelli marcó claras diferencias con el optimismo inicial de las autoridades de Aguas Mendocinas al asegurar que “acá no hay corto plazo”.

El jefe de Irrigación advirtió que las causas estructurales del colapso siguen activas: existen redes rotas aguas arriba del colector Tirasso, el terreno carece de la pendiente necesaria, el ritmo de construcción de viviendas continúa en alza y el factor climático (con lluvias cada vez más intensas) agravará el panorama.

Para llevar alivio a los vecinos que padecen olores nauseabundos, ruidos de maquinaria y derrames en la vía pública, se conformó una mesa de emergencia junto a la Subsecretaría de Ambiente y el municipio de Guaymallén. Las medidas acordadas contemplan:

• Se autorizó a Aysam a encauzar el efluente que saturaba la calle Severo del Castillo hacia un campo de derrame ubicado 6 kilómetros al norte, previo acuerdo con propietarios privados. Este trayecto deberá ser entubado para evitar el contacto con los canales de riego Colonias y Tulumaya, cuyas aguas ya se notificó que no deben ser utilizadas.
• La colocación de tuberías subterráneas busca erradicar de forma inmediata el olor y evitar que los niños de la zona pisen los líquidos servidos camino a la escuela. También se instalará una cámara de insonorización para las bombas y se realizarán monitoreos vehiculares para asegurar la calidad del agua potable.

Respecto a la infraestructura definitiva, Marinelli fue realista y estiró los plazos: “La solución de mediano plazo no va a ser menor a 6 meses por lo menos”.

Esta fase requerirá la instalación de un sistema de impulsión por bombas sobre la calle 2 de Mayo y la construcción de un colector aliviador que obligó a firmar la declaración de servidumbre para afectar a 23 propiedades particulares, garantizando así que el ducto avance en línea recta sin perder su pendiente.