El acompañamiento psicosocial de niños, niñas y adolescentes en Mendoza atraviesa una crisis. Tras la reestructuración de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), creada en 2024 para reemplazar a la extinta DOAITE, profesionales denuncian sobrecarga laboral, falta de equipos interdisciplinarios y un vaciamiento del área de salud mental en las escuelas.

La DAE cobró protagonismo luego del grave incidente en una escuela de La Paz, donde una alumna ingresó con un arma de fuego. Ese hecho expuso la urgencia de políticas sólidas en salud mental escolar, pero también destapó tensiones entre la gestión provincial y los equipos profesionales.

El nuevo modelo, impulsado por la directora Carina Gannam, cambió el eje de la intervención: pasó de actuar en situaciones críticas con equipos interdisciplinarios a un esquema preventivo con profesionales distribuidos en más escuelas. Según la funcionaria, “no queremos ser bomberos que apagan fuegos, sino evitar que se enciendan”.

Sin embargo, gremios y colegios profesionales cuestionan la reforma. AMProS asegura que cerca de 100 profesionales renunciaron desde el cambio de gestión, mientras que el Colegio de Psicólogos denunció que la reorganización “desconoce principios básicos de la Ley Nacional de Salud Mental” y que se corre el riesgo de revictimizar a estudiantes con múltiples evaluaciones fragmentadas.

Otro punto de conflicto es el sistema digital de asistencia con geolocalización. Los trabajadores lo califican como “hostigamiento”, ya que obliga a marcar presencia desde el celular en varias escuelas por día, sin contemplar tiempos de traslado ni problemas de conectividad.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) defienden la Resolución 4896/24 que dio origen al cambio, sostienen que el esquema “tiene respaldo mayoritario en las instituciones” y remarcan que las diferencias corresponden “a una minoría”. Para Gannam, “trabajar en la DGE implica respetar el encuadre institucional. El 95% de la provincia responde muy bien”.

No obstante, desde los gremios insisten en que la falta de equipos completos y de espacios adecuados vulnera derechos básicos de niños, niñas y adolescentes, y advierten que las condiciones laborales actuales deterioran tanto la calidad del acompañamiento como la estabilidad del personal.