El cierre definitivo del sector de “Juegos Tradicionales” del Casino Central volvió a poner en el centro de la escena la situación laboral de los empleados del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJC). Desde el sector de trabajadores cuestionaron la decisión y reclamaron al Gobierno provincial que garantice la continuidad laboral de las 81 personas afectadas por la medida.

Según un comunicado difundido, el cierre se concretó el pasado 5 de agosto e involucró las mesas de ruleta, blackjack y póker. A partir de allí, los trabajadores quedaron frente a un esquema que, de acuerdo con el planteo, contempla tres posibilidades: aceptar un retiro “voluntario”, acceder a una reubicación que todavía no fue acordada con el Ejecutivo o permanecer durante seis meses en disponibilidad antes de una eventual desvinculación.

El documento cuestiona especialmente el carácter voluntario de la primera alternativa. “Eso no es voluntariedad: es una extorsión con fecha de vencimiento”, sostienen los trabajadores, al referirse a las condiciones establecidas para quienes no puedan acceder a una reubicación.

En ese sentido, remarcan que la situación actual no debería recaer sobre los empleados. “Los trabajadores no provocaron la caída de la recaudación”, afirma el comunicado, que sostiene que durante los últimos años el personal debió afrontar falta de trabajadores e insumos, deterioro salarial, carreras administrativas paralizadas y francos adeudados.

El documento también cuestiona la política aplicada sobre el Instituto durante las últimas gestiones provinciales. Entre otros puntos, señala la reducción de personal iniciada en 2016, el cierre de salas estatales y el avance de la explotación privada del juego. Además, contrapone esas medidas con el crecimiento del juego online y advierte sobre sus consecuencias, especialmente entre los jóvenes.

Frente a este escenario, los trabajadores reclaman que el Ejecutivo convoque “inmediatamente” a una mesa de diálogo con los empleados y sus representantes. La propuesta apunta a garantizar la reubicación dentro de la Administración Pública provincial, ya sea en el propio IPJC o en organismos como Hacienda, Salud o Educación.

El pedido incluye, además, que se respeten la antigüedad y las condiciones salariales y laborales de quienes sean trasladados. “Exigimos la reubicación efectiva para todas y todos los trabajadores que quieran continuar en la Administración pública”, señala el comunicado.

El reclamo se produce mientras avanza el proceso de cierre del sector tradicional del Casino Central y con 81 trabajadores a la espera de una definición sobre su futuro laboral. El documento concluye con una consigna concreta: “¡Ningún despido en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos!”.