El reciente viaje del presidente Javier Milei a Brasil derivó en un frente judicial. Los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal contra el jefe de Estado, acusándolo de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según el escrito presentado ante la Justicia, el mandatario habría financiado con recursos del erario público un viaje que tuvo un propósito estrictamente partidario: participar de un evento político en apoyo al espacio que encabeza la familia Bolsonaro y respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro en San Pablo.

La presentación judicial hace hincapié en que la comitiva oficial, el avión presidencial y los viáticos del viaje fueron utilizados para intervenir en la agenda interna del país vecino, distorsionando la función diplomática del Estado argentino.

Entre las evidencias señaladas, los denunciantes citan los encendidos discursos que Milei pronunció durante el acto en suelo paulista, donde tildó de “presidiario” al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y calificó de “basura calva” al ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes.

Asimismo, la denuncia invoca tratados internacionales de jerarquía constitucional —como la Carta de la ONU, la Carta de la OEA y la Resolución 2625 de las Naciones Unidas— que obligan a los Estados a respetar el principio de no injerencia en los asuntos internos de otras naciones.

De acuerdo con el planteo judicial, la conducta del Presidente podría quedar tipificada en dos artículos del Código Penal argentino:

• Artículo 260 (Malversación de caudales públicos): Aplica al uso de caudales o bienes del Estado para fines distintos a los previstos por la Ley de Presupuesto.
• Artículo 248 (Incumplimiento de los deberes de funcionario público): Sostiene que el mandatario habría omitido la ejecución de las leyes y tratados internacionales que rigen la política exterior y la representación diplomática de la Nación.