La adjudicación de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 por parte de la Municipalidad de Godoy Cruz quedó bajo la lupa luego de que Fiscalía de Estado detectara posibles irregularidades administrativas en el proceso licitatorio.

El organismo, según publicó El Medio, concluyó que la empresa Estrella Eventos y Espectáculos SA fue contratada pese a encontrarse inhibida judicialmente, una condición que, según los propios pliegos elaborados por el municipio, impedía participar y resultar adjudicataria del concurso.

El dictamen surgió a partir de una denuncia presentada por el concejal kirchnerista Martín González, quien cuestionó la legalidad del procedimiento y solicitó la intervención de los organismos de control provinciales.

La controversia tiene como antecedente la rescisión del contrato a la firma Multitudes Aireadas, que inicialmente había sido seleccionada para organizar el tradicional evento. La adjudicación se concretó en agosto de 2025, pero pocos días después el municipio decidió dejarla sin efecto argumentando problemas vinculados a la documentación presentada, particularmente relacionados con una póliza de caución.

Tras esa decisión, la comuna abrió una nueva licitación. En septiembre se presentó un único oferente: Estrella Eventos y Espectáculos. La Municipalidad de Godoy Cruz avanzó con la adjudicación pese a que la empresa registraba una inhibición judicial que, según la denuncia y la posterior confirmación municipal, figuraba en los registros públicos al momento del proceso.

Desde el Ejecutivo municipal justificaron la decisión alegando la proximidad de la fecha del evento y la necesidad de evitar su suspensión. También señalaron que la inhibición tenía origen en una deuda con la entonces AFIP que ya había sido cancelada y que existían gestiones para levantar formalmente la medida. Además, sostuvieron que se reservaron el derecho de efectuar pagos recién una vez acreditada la regularización registral de la firma.

Sin embargo, Fiscalía de Estado consideró insuficientes esos argumentos. En su análisis recordó que fue el propio municipio el que incorporó en los pliegos una cláusula que excluía expresamente a personas o empresas inhibidas o concursadas judicialmente.

El organismo sostuvo que la verificación de esos requisitos debía realizarse durante la etapa de admisibilidad de las ofertas y no trasladarse a una instancia posterior de ejecución contractual. En ese sentido, advirtió que condicionar pagos futuros no subsana una eventual irregularidad cometida al momento de admitir y adjudicar la propuesta.

Además, el dictamen remarca una contradicción en la actuación municipal. Por un lado, la comuna restó importancia a la inhibición para adjudicar el contrato; por otro, reconoció la relevancia del hecho al exigir explicaciones a la empresa y reservarse controles posteriores antes de efectuar desembolsos.

Para Fiscalía de Estado, existen elementos suficientes para presumir una irregularidad jurídicamente relevante, ya que la adjudicación podría haber vulnerado principios básicos de legalidad, transparencia, igualdad de trato y selección objetiva de contratistas.

Ante esta situación, el organismo resolvió remitir las actuaciones a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública y al Tribunal de Cuentas de Mendoza, que ahora deberán profundizar el análisis y determinar eventuales responsabilidades en el procedimiento cuestionado.