Un jubilado mendocino demandó al Estado nacional y al laboratorio AstraZeneca por $152.058.050, al asegurar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como consecuencia directa de la vacuna contra el COVID-19. La presentación judicial incluye reclamos por daño físico, moral, incapacidad sobreviniente, gastos médicos, pérdida de chance y hasta un daño punitivo para sancionar de manera ejemplar a la farmacéutica.

Sin embargo, el avance del caso enfrenta un gran obstáculo: la Ley 27.573, sancionada durante la pandemia, exime de responsabilidad legal a los laboratorios y establece que los afectados solo pueden acceder a compensaciones a través del Fondo de Reparación Covid-19. Este mecanismo, de carácter administrativo, otorga montos fijos y limitados, y solo en casos graves y científicamente comprobados.

La normativa también fijó la confidencialidad de los contratos firmados con las farmacéuticas durante el gobierno de Alberto Fernández, prohibiendo juicios directos contra las compañías. Esto obliga a los damnificados a dirigirse contra el Estado y aceptar las condiciones restrictivas del fondo especial.

En su presentación, el jubilado destacó que las secuelas le impiden desarrollar tareas habituales como conducir maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar, lo que derivó en un pedido integral de compensación. A diferencia de otros afectados, el hombre pudo afrontar los costos de peritajes y representación legal para avanzar con el juicio.