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Jimena Latorre
otra polémica

De 40.000 árboles prometidos a $29 millones en tala: las explicaciones que le piden a Jimena Latorre

Lo que en 2024 fue anunciado como un ambicioso proyecto ambiental para Mendoza terminó convirtiéndose en un nuevo foco de cuestionamientos hacia la gestión de Jimena Latorre, al frente del Ministerio de Energía y Ambiente. El Vivero Provincial de Perdriel, ubicado en Luján de Cuyo, pasó de ser presentado como un futuro centro de producción de 40.000 árboles a convertirse en escenario de trabajos de tala y extracción forestal que le costaron al Estado $29 millones.

La situación quedó expuesta a partir de la respuesta oficial a un pedido de informes presentado por el diputado provincial Lucas Ilardo, aprobado por la Cámara de Diputados mediante la Resolución 410/2026.

La documentación, según la información difundida, confirma que el Ejecutivo provincial decidió abandonar el proyecto original y avanzar hacia un nuevo esquema de aprovechamiento del predio, con participación de productores privados. Sin embargo, también deja preguntas sin responder sobre las intervenciones realizadas.

Las imágenes difundidas del lugar muestran amplios sectores de terreno despejado, en contraste con la iniciativa de recuperación forestal que había sido anunciada por la Provincia.

De la promesa de reforestación a una contratación millonaria

El 5 de junio de 2024, coincidiendo con el Día Mundial del Ambiente, Latorre anunció la recuperación de las 25 hectáreas del Vivero Provincial de Perdriel, ubicado sobre calle Terrada.

La propuesta contemplaba transformar el establecimiento en un espacio modelo para la reforestación, con una producción proyectada de 40.000 árboles para 2028. Además, se buscaba abastecer a los municipios y promover actividades educativas vinculadas con el cuidado ambiental.

Pero el escenario cambió.

De acuerdo con la respuesta del Ministerio de Energía y Ambiente, la Subsecretaría de Ambiente adjudicó una contratación por $29.000.000 a Javier Alberto Castro, de MEEP Constructora, para realizar tareas de relevamiento, tala, trozado, extracción, transporte y disposición de ejemplares forestales.

Los trabajos abarcaron una superficie de 12 hectáreas y finalizaron en diciembre de 2025, según la información oficial.

La contratación se tramitó mediante el expediente EX-2025-02342836-GDEMZA-CCC.

Qué pasó con los árboles y dónde terminó la madera

Uno de los principales interrogantes que surge de la respuesta oficial está relacionado con el destino de los recursos forestales extraídos.

Según el análisis de la documentación difundida, el Ministerio no precisó cuántos árboles fueron retirados, qué volumen de madera se obtuvo ni cuál fue su destino final.

El informe menciona la utilización de convenios de compensación o disposición de los restos forestales, pero no identifica a sus beneficiarios ni acompaña los acuerdos correspondientes.

Esta falta de precisiones abre interrogantes sobre el manejo de la madera retirada de un terreno que pertenece al Estado provincial y sobre su eventual aprovechamiento económico.

También quedan pendientes mayores detalles acerca de las autorizaciones técnicas forestales para las intervenciones realizadas.

Un nuevo proyecto con privados y más preguntas

Otro punto que genera cuestionamientos es el cambio de destino del establecimiento.

El Ministerio reconoce que la iniciativa original de recuperar un vivero tradicional a gran escala fue reemplazada por la propuesta de desarrollar un polo socioproductivo, en articulación con productores privados y el sector educativo.

Sin embargo, la respuesta no identifica a los productores que participarían del emprendimiento, las condiciones bajo las cuales podrían utilizar el terreno ni el acto administrativo que formalizó el cambio de proyecto.

La documentación también hace referencia a la demolición de un inmueble antiguo, obras de infraestructura hídrica, intervenciones eléctricas y la instalación de elementos de seguridad que posteriormente habrían sido robados o vandalizados.

Pese a que el pedido legislativo solicitaba información sobre los recursos destinados a esas actuaciones, el único monto detallado en la información difundida corresponde a los $29 millones de los trabajos forestales.

El futuro del vivero, bajo la lupa

El caso vuelve a poner en discusión la administración de los bienes públicos y la planificación de las políticas ambientales en Mendoza.

La respuesta oficial permite conocer parte de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Energía y Ambiente, pero no despeja todos los interrogantes sobre los trabajos ejecutados y el destino de los recursos extraídos.

Por ahora, no se desprende de la información difundida que se haya determinado la existencia de irregularidades, aunque los datos conocidos plantean cuestiones que podrían requerir nuevas explicaciones del Ejecutivo.

Mientras tanto, el contraste entre el anuncio de producir 40.000 árboles y la posterior contratación para retirar ejemplares forestales deja una pregunta central: ¿qué ocurrió con el proyecto ambiental que el Gobierno provincial había presentado como modelo para Mendoza?

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