Un reciente informe, elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia en conjunto con Unicef, reveló que Mendoza es una de las provincias con mayor población penal juvenil en el país, solo superada por Buenos Aires y Córdoba. Según los datos, la mayoría de los jóvenes involucrados tienen entre 16 y 18 años y se encuentran en proceso judicial.
El informe fue presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso, y arrojó que en 2024, 445 jóvenes menores de 16 años forman parte del sistema penal de Mendoza. En comparación, Buenos Aires cuenta con más de 2.300 adolescentes en esta situación, y Córdoba con 537.
Sin embargo, desde el Gobierno de Mendoza sostienen que los casos han disminuido. Según Verónica Álvarez Ocampos, subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventud, entre enero y septiembre de este año se registraron 396 adolescentes en conflicto con la ley penal, pero destacó que la mayoría se encuentra en situación ambulatoria y que en años anteriores los números llegaban a 800.
Radiografía del delito juvenil
En cuanto a los tipos de delitos más comunes, más del 50% de los delitos cometidos por jóvenes en Mendoza están relacionados con robos y delitos contra la propiedad, mientras que solo un 7% involucra violencia contra terceros. Álvarez Ocampos señaló que el consumo problemático de drogas es uno de los factores más determinantes en este tipo de conductas.
La funcionaria detalló que “el perfil de los jóvenes en conflicto con la ley penal en su mayoría son varones de alrededor de 17 años”. Estos adolescentes cumplen su condena ambulatoria en las Unidades de Medidas Alternativas (UMA), dependientes de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.
Una de las discusiones más candentes es la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad, que actualmente en Argentina está establecida en los 16 años. Un proyecto de ley enviado al Congreso en mayo propone reducirla a los 13 años, pero para Álvarez Ocampos, esta medida “no es la solución”. Según la subsecretaria, “es un mito que los delitos sean generados mayormente por menores de 18 años”, y aseguró que detrás de muchos jóvenes involucrados en crímenes hay adultos que los manipulan.
Reinserción y medidas alternativas
El gobierno provincial defiende la efectividad de sus programas de reinserción, destacando que la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley logran reinsertarse socialmente. Estos jóvenes participan en programas que incluyen educación, formación laboral y un seguimiento integral de sus familias y entorno. Álvarez Ocampos enfatizó que “estos chicos tienen derechos, al igual que cualquier otro, y merecen una oportunidad de educación y una infancia digna”.
Finalmente, la funcionaria subrayó la necesidad de modificar la ley penal juvenil, no en términos de bajar la edad de imputabilidad, sino para enfocarse en la protección integral de los derechos de los adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Un problema social y cultural
El sociólogo Diego Tagarelli aportó su análisis sobre el fenómeno de la delincuencia juvenil, destacando que en los últimos 30 años se ha pasado de una “delincuencia común a una delincuencia sumamente peligrosa”. Según Tagarelli, la reinserción social es posible solo si los programas de rehabilitación son acompañados de políticas culturales concretas que permitan a los jóvenes involucrarse activamente en la sociedad.
