El exintendente de Las Heras Daniel Orozco y la diputada provincial suspendida Janina Ortiz acordaron este lunes una condena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, tras declararse culpables de corrupción mediante un juicio abreviado.

El acuerdo contempla además el pago de una multa, cuyo monto todavía no fue calculado, y deberá ser homologado por el Tribunal Penal Colegiado Nº 1. La pena no implica que Orozco y Ortiz vayan a prisión, ya que el cumplimiento será en suspenso.

La condena los declara culpables de peculado en cuatro hechos. En el caso de Orozco, la acusación se relaciona con transferencias de dinero, mientras que Ortiz también fue responsabilizada por el uso de un documento público falso y amenazas coactivas.

Según la investigación del fiscal Juan Ticheli, el perjuicio para la Municipalidad de Las Heras fue de $35.511.386,14, correspondientes a fondos girados entre 2021 y 2023. La maniobra habría utilizado a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada para facturar al municipio trabajos que, de acuerdo con la pesquisa, nunca fueron realizados.

La investigación determinó que la cooperativa, dedicada formalmente al reciclaje de residuos, fue reactivada para intervenir en trámites administrativos gestionados desde el municipio. El dinero salió de las arcas municipales a través de cuatro expedientes que incluían planillas falsas, facturas electrónicas y órdenes de compra firmadas por funcionarios.

El acuerdo fue presentado por el abogado Raúl Burela, defensor de ambos, luego de que la causa fuera elevada a juicio. La propuesta no alcanza a los otros ocho imputados del expediente y busca evitar un juicio oral y público que, por la cantidad de audiencias y testigos previstos, se anticipaba extenso.

La causa comenzó en 2023 y tiene entre los demás imputados a Osvaldo Oyhenart, señalado como coautor material, y a Hernán Mostaccio, Juan Pablo Pandolfi, Daniel Herrera y Adrián “Moco” Pérez, considerados partícipes necesarios por la Fiscalía.

En el caso de Ortiz, la Legislatura provincial ya la había suspendido de su banca para que pudiera enfrentar el proceso penal. Con la condena y la inhabilitación perpetua acordadas, quedó además a un paso de ser expulsada de la Cámara de Diputados.

Ahora será el Tribunal Penal Colegiado Nº 1 el que deberá revisar y homologar el acuerdo alcanzado por los acusados y la Fiscalía.