Los honorarios de los abogados y procuradores en Mendoza tuvieron una actualización en los valores mínimos sugeridos para distintas gestiones profesionales realizadas fuera de los tribunales. La Federación de Colegios de Abogados de Mendoza estableció nuevos parámetros para consultas, redacción de documentos y acuerdos extrajudiciales, con el objetivo de mantener el valor del trabajo profesional frente al contexto inflacionario.

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial de la provincia y busca evitar la desvalorización del trabajo de los profesionales del derecho, garantizando una retribución acorde por tareas de asesoramiento legal (especialmente en instancias de conciliación, mediación o gestiones administrativas).

Para fijar los valores, la resolución utiliza como referencia el JUS, una unidad económica que actualiza periódicamente la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (lo que permite ajustar los honorarios de manera automática frente a la inflación). Actualmente, el valor del JUS vigente desde el 25 de agosto de 2025 es de $550.010,57.

Cuánto cuesta cada servicio legal

En cuanto a los honorarios específicos, el documento establece distintos porcentajes según el tipo de servicio. Una consulta oral básica tiene un valor mínimo equivalente al 10% de un JUS, mientras que si la consulta es escrita el monto sugerido asciende al 40% de esa unidad.

También se fijaron valores de referencia para tareas frecuentes de asesoramiento legal. La redacción de una carta documento, por ejemplo, tiene un honorario mínimo del 20% de un JUS (un trámite habitual en reclamos laborales, civiles o comerciales).

Para situaciones de mayor complejidad, como acuerdos o negociaciones extrajudiciales, el honorario suele calcularse como un porcentaje del monto total del acuerdo alcanzado, aunque la normativa fija un piso mínimo equivalente al 25% de un JUS.

Testamentos, contratos y trámites patrimoniales

La resolución también incluye tareas vinculadas a la redacción de documentos legales y estudios patrimoniales. El análisis de títulos de propiedad o la partición de bienes debe calcularse en función del valor de los activos involucrados, siguiendo escalas que garantizan honorarios mínimos.

Lo mismo ocurre con la redacción de estatutos sociales, contratos o testamentos, donde los montos se determinan mediante porcentajes aplicados sobre el capital social o el patrimonio declarado (con mínimos garantizados que oscilan entre 1 y 3 JUS según el caso).

De esta manera, los nuevos valores buscan establecer una referencia clara para el trabajo profesional fuera de los tribunales, en un contexto económico en el que los honorarios legales también se ven afectados por la inflación.