Los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella tras la condena en la causa Vialidad.
La presentación fue realizada por los abogados Carlos Beraldi, Javier Borrego y el jurista brasileño Rafael Valim, quien participó en la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la causa Lava Jato.
Durante una conferencia de prensa, los letrados explicaron que el planteo incluye tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ocupar cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la exmandataria y un pedido vinculado a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según sostuvieron, el objetivo es que el organismo internacional analice si durante el proceso judicial se vulneraron derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Qué puede resolver la ONU
Los abogados aclararon que el Comité de Derechos Humanos primero deberá evaluar si admite la presentación. En caso de hacerlo, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una decisión sobre el fondo del caso.
Además, señalaron que las eventuales resoluciones sobre las medidas cautelares podrían conocerse en los próximos meses, mientras que una decisión definitiva del organismo podría demorar años. La próxima reunión del Comité está prevista entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre.
La estrategia internacional de la defensa
La presentación ante la ONU forma parte de la estrategia internacional impulsada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner luego de que quedara firme la condena en la causa Vialidad, que incluyó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En paralelo, la expresidenta publicó una columna en medios internacionales en la que sostuvo que su caso representa una vulneración de derechos fundamentales y denunció que es víctima de una “proscripción política”.
