Cristina Fernández de Kirchner presentó de manera formal ante las Organización de las Naciones Unidas (ONU) un pedido para que se revise la causa Vialidad, por la que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión domiciliaria. Además, el planteo busca que también se deje sin efecto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los abogados de la expresidenta -Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego- sostienen que durante el proceso judicial se violaron derechos fundamentales, razón por la que llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU. La defensa apunta a que el organismo trate el planteo en octubre, durante su próxima sesión.
Cabe recordar que la sentencia quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia no hiciera lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa y ratificara la decisión del Tribunal Oral Federal 2.
Un aspecto a tener en cuenta es que las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU no son vinculantes, aunque sí pueden tener impacto político e institucional y ser consideradas como antecedentes en posteriores discusiones jurídicas.
La nueva prueba que presentó Cristina Fernández de Kirchner
El 15 de septiembre, Beraldi había anunciado en una conferencia de prensa una nueva evidencia que, según la defensa, cuestiona uno de los fundamentos de la condena. Se trata de información sobre los fondos destinados a la Dirección de Vialidad durante el período de la presidencia de Cristina Kirchner.
“Encontramos una prueba determinante“, afirmó el abogado, al señalar que, pese al volumen de la inversión, lo asignado a Lázaro Báez representaba menos del 1%.
A partir de ese dato, Beraldi sostuvo que “ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez“. También afirmó que las empresas de Báez se encontraban en lugares relegados y que las que ocupaban los primeros puestos no tenían relación con el gobierno de ese momento.
