Debido a la falta de pago y a la falta de actualización en los aranceles que perciben, prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad anunciaron un cese de actividades durante tres días. La medida afecta tanto a Mendoza como al resto del país.

El anuncio fue realizado por instituciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que convocó a suspender actividades los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo. Según explicaron, la decisión responde a la falta de pago por parte de organismos como PAMI, Incluir Salud y obras sociales nacionales. En ese contexto, indicaron que la medida afectará a escuelas, centros de día, centros terapéuticos y transportistas, que no brindarán servicios durante esas jornadas.

Cabe destacar que se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez en la historia que hay un cese nacional de actividades en el sector.

Desde las instituciones sostienen que el conflicto se agravó por la falta de pagos que arrastran desde fines del año pasado, lo que generó serias dificultades para afrontar gastos operativos y salarios.

A esta situación se suma el reclamo por la actualización de los aranceles que fija el Estado para las prestaciones vinculadas a la discapacidad. En ese sentido, desde el sector sostienen que los incrementos otorgados quedaron muy por debajo del aumento del costo de vida. En ese sentido, cabe resaltar que el ajuste que el Gobierno hizo sobre los aranceles fue del 5,78% a partir de febrero, pero calculado sobre una base que no contempla la inflación acumulada.

¿Cuáles son los servicios se verán afectados en Mendoza?

Lo primero que hay que destacar es que en Mendoza funcionan unas 108 instituciones dentro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Según estimaciones del sector, al menos entre 37 y 38 centros ya confirmaron su adhesión al cese de actividades convocado para este mes.

Entre los servicios que se verán afectados se encuentran los centros de día o centros de vida, los centros educativos terapéuticos, las escuelas especiales, los talleres de formación laboral y el transporte que traslada a los usuarios.

Por su parte, los hogares donde residen personas con discapacidad continuarán funcionando con normalidad, ya que allí viven de manera permanente las personas asistidas.