En los últimos meses, la obra social de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), DAMSU, se convirtió en el epicentro de reclamos gremiales y quejas de sus afiliados. Desde el sindicato docente FADIUNC denuncian que los descuentos llegan a representar hasta un 33% de los haberes, mientras que desde el rectorado y las autoridades de la entidad aseguran que las medidas adoptadas son indispensables para garantizar la estabilidad económica del sistema.

DAMSU sostiene que la prestación de los servicios continúa normalmente y que no se han roto convenios con clínicas ni hospitales. Sin embargo, gremios y distintas agrupaciones universitarias aseguran que existen prestaciones suspendidas, demoras en los pagos a prestadores y cada vez más dificultades para acceder a tratamientos y turnos médicos.

El nuevo cálculo del aporte individual, basado en una jornada laboral completa incluso para quienes tienen dedicación parcial o doble cargo, es uno de los puntos más cuestionados. Según FADIUNC, esta modificación ha hecho que en algunos casos los descuentos por planilla alcancen un tercio del salario neto. Aunque desde la universidad no desmintieron esa cifra, insisten en que la medida forma parte del plan aprobado en abril para evitar que el sistema colapse.

La composición del directorio de DAMSU también está en el centro de la polémica. La ley nacional 24.741, que regula las obras sociales universitarias, exige la participación de docentes, no docentes y jubilados, pero FADIUNC denuncia que actualmente “las decisiones se toman sin un debate real y con escasa comunicación a los afiliados”. Desde la UNCuyo, en tanto, afirman que el plan de sostenibilidad fue aprobado por el Consejo Superior en votación abierta, con invitación a los gremios. Aun así, el sindicato sostiene que sus aportes fueron desoídos y que el malestar en la comunidad universitaria “sigue creciendo”.

Uno de los momentos más críticos se dio a mediados de julio, cuando la Clínica de Cuyo suspendió la atención a pacientes de DAMSU por una deuda acumulada. La situación se revirtió tras gestiones directas de las autoridades universitarias, pero expuso la vulnerabilidad del sistema y encendió la preocupación de los afiliados ante la posibilidad de quedar sin cobertura médica. En redes sociales, varios usuarios compartieron experiencias de guardias a las que no pudieron acceder, turnos cancelados y cobros imprevistos de coseguros, lo que refleja un clima de incertidumbre que golpea también a jubilados y pacientes crónicos, según señala diario MDZ.

El 23 de julio, FADIUNC presentó un nuevo petitorio ante DAMSU y realizó una protesta frente al edificio del Departamento de Salud. En el documento rechazan los aumentos “unilaterales” de los aportes y exigen que la UNCuyo, como empleadora, eleve su contribución patronal, que sigue en 6%. Además, piden una auditoría externa y la publicación detallada del estado financiero, incluidas las deudas con prestadores, convenios vigentes y criterios para los coseguros. Argumentan que, si se pide un esfuerzo a los trabajadores, primero debe garantizarse transparencia en la gestión.

Al día siguiente, durante otra manifestación en el edificio de DAMSU, afiliados denunciaron la presencia de efectivos policiales dentro del predio universitario. Según el gremio, tres agentes ingresaron mientras sesionaba el directorio, pese a tratarse de una protesta pacífica. FADIUNC repudió el hecho y lo calificó de “acción intimidatoria” que viola la autonomía universitaria, ya que la UNCuyo, como institución nacional, no está bajo la jurisdicción de las fuerzas provinciales. Los policías se retiraron del interior, pero permanecieron apostados en las inmediaciones. Para los manifestantes, la intervención buscó desalentar la movilización y limitar el derecho a reclamar, bajo el argumento de un llamado anónimo al 911 que alertaba sobre un supuesto conflicto.

El trasfondo del conflicto excede los números. Responde a un escenario de pérdida salarial, incremento sostenido de los costos médicos y políticas de ajuste que afectan de lleno a las universidades nacionales. Con salarios que no acompañan la inflación y aportes que crecen mes a mes, la brecha entre lo que se paga y lo que se recibe se vuelve insostenible. “Estamos discutiendo cómo se garantiza el derecho a la salud dentro de la universidad pública”, remarcan desde FADIUNC.