El titular de Aysam, Humberto Mingorance, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Alfredo Cornejo desde sus tiempos en la Municipalidad de Godoy Cruz, quedó en el centro de una investigación judicial por el desastre ambiental y sanitario en Los Corralitos, Guaymallén, donde los desbordes cloacales llevan años afectando a vecinos y productores. Podría ser imputado
La situación no es menor para el Gobierno provincial. Mingorance forma parte del núcleo duro de dirigentes técnicos y políticos que acompañan a Cornejo desde hace más de una década. Fue secretario de Ambiente durante las gestiones radicales y hoy conduce Aguas Mendocinas, una de las empresas estatales más sensibles por el impacto directo que tiene en los servicios públicos.
La justicia podría avanzar con la imputación del funcionario y de integrantes del directorio de Aysam. La decisión final ahora quedó en manos del fiscal general adjunto Gustavo Pirrello, quien deberá resolver si da curso formal a la acusación.
El conflicto que escaló a la Justicia
El caso tiene como epicentro la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos. Allí, vecinos denuncian desde hace años el colapso de una colectora cloacal que afecta a más de 600 mil mendocinos y provoca derrames permanentes de líquidos cloacales.
La situación derivó en una emergencia ambiental y sanitaria. Incluso, estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo detectaron contaminación en algunas muestras de agua domiciliaria y presencia de Escherichia Coli en pozos de la zona.
En paralelo, Irrigación también detectó vuelcos de efluentes cloacales sobre canales de riego, lo que profundizó el conflicto institucional entre organismos provinciales.
Los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi consideran que existen elementos suficientes para investigar penalmente a las autoridades de Aysam. Entre los argumentos, sostienen que hubo posibles infracciones a la normativa ambiental y que los efluentes podrían encuadrarse dentro de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Su eventual imputación podría convertirse en un problema político para la Casa de Gobierno, especialmente en un contexto donde la gestión provincial busca mostrar orden administrativo y eficiencia en infraestructura y servicios públicos.
El propio Mingorance reconoció públicamente que Aysam conocía la problemática desde hacía varios años y defendió el accionar de la empresa frente a las denuncias por contaminación.
Obras demoradas y vecinos en alerta
Mientras la investigación avanza, las obras definitivas para resolver el colapso cloacal todavía no comenzaron plenamente. Según trascendió, Aysam proyecta trabajos de bypass, nuevos colectores y sistemas de impulsión para aliviar la red dañada.
Sin embargo, los vecinos cuestionan los tiempos de respuesta y advierten que conviven desde hace años con olores nauseabundos, calles inundadas por líquidos cloacales y temor por la contaminación de napas y cultivos.
La definición judicial sobre Mingorance podría conocerse en las próximas semanas y amenaza con abrir uno de los frentes más incómodos para el oficialismo mendocino en materia de gestión y ambiente.
