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Crecimiento alarmante: Mendoza al borde del colapso carcelario

El incremento de internos en las cárceles de Mendoza durante el primer trimestre de 2024 iguala casi al registrado en todo el año 2022, generando una situación de sobrepoblación crítica. El juez Sebastián Sarmiento advierte sobre la falta de políticas para frenar esta tendencia, que podría desencadenar un escenario caótico a largo plazo.

El sistema carcelario de Mendoza enfrenta una creciente crisis ante el aumento significativo de presos durante los primeros meses del año en curso. Según datos revelados por el juez penal Sebastián Sarmiento, el incremento del 5,1% de internos en el primer trimestre de 2024 casi iguala al 6% registrado durante todo el año 2022.

Esta situación, considerada alarmante por Sarmiento, se agrava con la sobrepoblación en los penales, siendo el penal Almafuerte II uno de los más afectados. Con 46 presos durmiendo en el piso debido a la falta de espacio, el magistrado advierte sobre las consecuencias a largo plazo de esta situación.

El panorama futuro es sombrío según Sarmiento, quien proyecta que para fines de 2027, la cantidad de presos podría aumentar en 3.000, lo que equivaldría a la ocupación de dos penales como Almafuerte. Esta proyección se basa en la tendencia de crecimiento sostenido de la población carcelaria, que en promedio ha sido del 5% en los últimos cinco años.

La falta de políticas para frenar esta tendencia preocupa al magistrado, quien señala la necesidad de políticas criminales integrales para descomprimir los penales. Sarmiento destaca la necesidad de agilizar la ejecución de las penas y critica la demora en las audiencias de libertades condicionales o asistidas, lo que agrava la situación de sobrepoblación.

En este sentido, el juez resalta que se están realizando más audiencias para prisiones preventivas que para libertades condicionales, lo que evidencia un desequilibrio en el sistema judicial. Además, destaca la problemática de las condenas cortas que no permiten realizar informes adecuados, llevando a una liberación sin tratamiento ni seguimiento adecuados, generando un costo elevado para el Estado.

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Por: Redacción NDI