Las construcciones clandestinas volvieron a encender una señal de alarma en Mendoza. En una provincia considerada la de mayor peligrosidad sísmica del país, especialistas advierten que una parte importante de las viviendas y edificios fueron levantados sin permisos previos ni controles técnicos durante su ejecución, una situación que podría tener graves consecuencias ante un terremoto.
Según datos elaborados a partir de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), uno de cada cinco metros cuadrados construidos en Mendoza durante los últimos 25 años se realizó sin autorización municipal. En números, se trata de más de 5,1 millones de metros cuadrados, equivalentes a casi el 24% de toda la superficie edificada entre 2000 y 2024.
La situación incluso se agravó en los últimos años. En 2024, las construcciones sin permiso representaron más del 30% de los metros cuadrados edificados en la provincia, el porcentaje más alto desde 2019.
El riesgo detrás de las obras sin control
La principal preocupación no pasa únicamente por una cuestión administrativa. Al tratarse de una zona de alta actividad sísmica, la ausencia de inspecciones durante la obra impide verificar aspectos esenciales de la estructura, como la calidad de los materiales, la resistencia de columnas y vigas o la profundidad de los cimientos.
Desde el Centro de Ingenieros de Mendoza sostienen que cuando una construcción se regulariza una vez terminada, los municipios ya no tienen forma de comprobar si fue ejecutada respetando las normas antisísmicas.
Por ese motivo, remarcan que un plano aprobado con posterioridad no convierte automáticamente a una vivienda en una construcción segura frente a un sismo.
Municipios, en el centro de las críticas
Los especialistas apuntan a la falta de controles municipales como uno de los principales factores que favorecen el crecimiento de las obras clandestinas.
Históricamente, los inspectores detectaban construcciones sin cartel de obra o sin permiso y paralizaban los trabajos hasta regularizar la situación. Sin embargo, desde el Centro de Ingenieros aseguran que esa fiscalización se fue debilitando y que muchas edificaciones avanzan hasta finalizarse sin ninguna inspección.
También cuestionan las moratorias periódicas que permiten declarar construcciones ya terminadas a cambio del pago de multas o tasas municipales, ya que consideran que ese mecanismo termina incentivando la irregularidad en lugar del cumplimiento de la normativa.
La burocracia, otro factor
Además de la falta de controles, los profesionales señalan que los extensos trámites para obtener un permiso de obra llevan a muchos propietarios a comenzar las construcciones sin autorización.
Aunque varios municipios avanzaron en la digitalización de expedientes para agilizar los procesos, todavía existen demoras que pueden extenderse durante varios meses, situación que desalienta la tramitación previa.
