En medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, el gobernador Alfredo Cornejo fijó una postura clara y matizada: apoyó el cambio normativo, pero advirtió que no resolverá por sí solo los problemas estructurales de la inseguridad y tendrá un impacto directo en las arcas provinciales.

Lejos de presentar la reforma como una solución definitiva, Cornejo buscó moderar las expectativas sociales. “No quiero generar expectativas de que por el solo cambio de la ley vamos a resolver problemas que son endémicos”, sostuvo, al reconocer que existe un grupo de jóvenes que comienza a delinquir a edades muy tempranas y que hoy no puede ser imputado penalmente.

El mandatario remarcó que esa situación genera zonas grises dentro del sistema penal. Según explicó, la inimputabilidad de menores es incluso aprovechada por organizaciones criminales, que utilizan a adolescentes para cometer delitos graves sin consecuencias penales. Desde esa mirada, consideró que la baja de la edad de imputabilidad puede convertirse en una herramienta útil para cerrar esos vacíos legales, aunque su eficacia dependerá de cómo se implemente.

Sobre la edad concreta que debería fijar la ley —si 13 o 14 años— Cornejo evitó definiciones tajantes y dejó la discusión en manos de los especialistas. “No tenemos una opinión muy formada sobre eso”, admitió, marcando prudencia en un punto sensible del debate.

Uno de los aspectos que más preocupación genera en el Gobierno provincial es el impacto operativo y presupuestario. Cornejo advirtió que la reforma sumará un nuevo universo de jóvenes al sistema penal y de tutela del Estado, lo que exigirá más infraestructura, personal capacitado y recursos. En Mendoza, actualmente hay cerca de 80 jóvenes condenados en el ex COSE, mientras que más de 300 adolescentes están bajo tutela estatal, alojados con familiares o en distintos dispositivos, pese a haber cometido delitos graves.

“El cambio va a traer un nuevo público para nuestro sistema penitenciario”, alertó el gobernador, al subrayar que no se trata de una discusión teórica, sino de una decisión con consecuencias concretas en el corto y mediano plazo. En ese sentido, explicó que el tema está siendo analizado de manera integral por las áreas de Seguridad e Infancia del Ejecutivo provincial.

El financiamiento fue otro eje central del planteo. Cornejo reclamó que, si la Nación avanza con la reforma, debe acompañar a las provincias con recursos adicionales. “No es lo mismo tener 300 chicos más detenidos que tener 80”, señaló, y recordó que en áreas clave como educación y vivienda el Estado nacional se ha retirado, trasladando responsabilidades a los gobiernos provinciales.

Finalmente, el gobernador fue categórico al definir el alcance real de la medida: “Es una herramienta más”, afirmó. Si bien destacó que Mendoza viene mostrando avances en la reducción de delitos violentos gracias a su plan de seguridad, insistió en que ningún cambio legal aislado puede revertir problemas complejos y de larga data.