La Municipalidad de Santa Rosa resolvió congelar los salarios de los funcionarios del Departamento Ejecutivo hasta diciembre como parte de una serie de medidas orientadas a reducir el gasto político frente a la disminución de los recursos provenientes de la coparticipación.

La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por la intendenta Flor Destéfanis y comenzará a aplicarse desde este mes. Desde la comuna explicaron que la iniciativa busca resguardar la estabilidad financiera del municipio y garantizar la continuidad de los servicios esenciales pese al escenario económico adverso.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, la baja en los ingresos por coparticipación obligó a revisar distintos aspectos de la administración para priorizar el funcionamiento del Estado local sin comprometer las prestaciones que reciben los vecinos.

En ese contexto, Destéfanis sostuvo que la medida responde a la necesidad de administrar los recursos públicos con mayor eficiencia y de adecuar el gasto a la realidad financiera que atraviesan los municipios.

La decisión de Santa Rosa se suma a otras adoptadas recientemente por diferentes departamentos mendocinos. A principios de julio, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, anunció el congelamiento de los salarios de los funcionarios municipales por seis meses.

En tanto, Maipú informó que mantiene desde hace tiempo una política similar para su planta política, mientras que Godoy Cruz ratificó un esquema de austeridad y Guaymallén destacó la reducción de cargos políticos como parte de su estrategia para contener el gasto.

En paralelo, Santa Rosa recibió en los últimos días un adelanto de coparticipación por parte del Gobierno de Mendoza por un monto de 200 millones de pesos. Esos fondos fueron otorgados para atender necesidades transitorias de caja y deberán ser reintegrados por el municipio en cuotas durante el actual ejercicio fiscal.

Con esta decisión, la comuna se incorpora al grupo de municipios que ajustaron el gasto político ante la caída de los ingresos, en un contexto en el que las administraciones locales buscan sostener el equilibrio fiscal sin afectar el funcionamiento de los servicios públicos.