Este martes, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios presentaron una acción de amparo para que se suspenda la aplicación de la desregulación en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), prevista para el 1 de enero de 2026. El planteo busca frenar la normativa que vuelve optativos ciertos controles y registros históricos del organismo, entre ellos el Certificado de Ingreso de Uvas (CIU).

En un comunicado difundido en la red social “X”, las entidades señalaron: “Frente a los reiterados pedidos realizados a las autoridades del Ministerio de Desregulación para reincorporar el CIU y su obligatoriedad, y ante la falta de respuestas, presentamos una acción de amparo para garantizar el título de propiedad del productor vitivinícola y la trazabilidad del producto”.

A su vez, también expresaron que “coincidimos con políticas desregulación y simplificación de los organismos del Estado. Pero entendemos la importancia de mantener herramientas exitosas como el CIU, que no generan burocracia ni mayor costo”.

Desde la Asociación de Viñateros de Mendoza, Matías Manzanares sostuvo que lamentan haber llegado a esta instancia y calificó la situación como “totalmente un absurdo y un capricho del ministro de Desregulación, Sturzenegger”, y afirmó que el sector venía dialogando con Nación para mantener la obligatoriedad del CIU incluso antes de que se publicara la Resolución 37/2025. Además, recordó que cuando el ministro visitó Mendoza “todas las entidades y los ministros de Producción de Mendoza y San Juan insistieron en que no podía ser optativo”.

Manzanares remarcó que el CIU garantiza trazabilidad y seguridad jurídica, ya que permite conocer cuántos kilos de uva se entregan y resguarda al productor en casos de elaboración a terceros, y explicó que el certificado “era un instrumento bilateral, que tenía constancia tanto la bodega como el productor de haber entregado la uva”, y que en escenarios de concurso o quiebra del establecimiento permitía separar el vino del productor respecto del de la bodega. “Era indispensable para garantizar y darle seguridad al productor que había entregado la uva de poder cobrar después”, afirmó.

El reclamo judicial se formalizó luego de que representantes de entidades de distintas provincias productoras plantearan a Federico Sturzenegger que, aunque apoyan la reducción de trámites y controles, la obligatoriedad del CIU es esencial para asegurar la trazabilidad. La Resolución Nº 37/2025 del Gobierno nacional, cuestionada por casi todas las cámaras salvo Bodegas de Argentina, redefine de manera profunda el rol del INV: desde enero de 2026 solo controlará el vino embotellado, dejando de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena.

La reforma implica la eliminación de alrededor de 5.000 inspecciones presenciales anuales y el reemplazo de certificaciones por declaraciones juradas digitales. También unifica normas mediante un Digesto que deroga 973 regulaciones y suprime trámites como permisos de tránsito, declaraciones semanales de elaboración y más de 140.000 autorizaciones anuales.

Entre esos cambios se incluye la eliminación del CIU como requisito obligatorio, un punto que -según las entidades- abre la puerta a la pérdida de trazabilidad, inseguridad jurídica y riesgos de circulación de vinos “de origen desconocido o mentiroso”.