El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de San Martín condenó a 27 personas vinculadas al denominado Templo Filadelfia, una organización que, según se estableció durante el juicio, funcionó durante casi cinco décadas bajo una estructura con sede central en San Justo y distintos anexos en varias provincias, además de establecimientos en Paraguay y Brasil. El tribunal determinó que la organización operó al menos desde 1972 hasta diciembre de 2020 y que sus integrantes fueron responsables de distintos delitos vinculados con el sometimiento y explotación de personas.
La pena más alta fue para Eva Petrona Pereyra, de 81 años, condenada a 24 años de prisión, tras ser considerada jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. Otros integrantes recibieron penas de entre 21 y 3 años y 9 meses, mientras que dos acusados fueron condenados únicamente por asociación ilícita y absueltos de los cargos de trata agravada y reducción a la servidumbre.
Según la investigación y los testimonios reunidos durante el proceso, el funcionamiento de la organización incluía aislamiento, vigilancia, sanciones y control sobre los vínculos personales y la vida afectiva y sexual. La acusación también señaló que las personas sometidas al sistema realizaban tareas sin remuneración ni protección laboral, entre ellas trabajos domésticos, actividades en una panadería y labores de construcción y albañilería. El juicio comenzó en octubre de 2024 y contó con más de 200 testigos.
Además de las condenas, el tribunal fijó reparaciones económicas para 27 víctimas por un total de $2.170.467.831,20, con montos individuales que deberán actualizarse según la tasa activa del Banco Nación. También ordenó decomisar 46 inmuebles, entre ellos propiedades ubicadas en Mendoza, y 12 vehículos, además de disponer medidas sobre otros automotores. La sentencia incluyó también la baja del Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos y resoluciones relacionadas con la identidad de dos víctimas y matrimonios que, según el tribunal, habían sido celebrados sin consentimiento válido.
