Este miércoles, en una jornada en la que todos los focos se los lleva la presentación de Manuel Adorni en el Congreso, el oficialismo buscará en paralelo avanzar en el Senado con el dictamen del proyecto que autoriza al Gobierno de Javier Milei a pagar 171 millones de dólares a fondos buitres. Cabe destacar que éstos tienen sentencia en Estados Unidos contra Argentina.
En este marco, la iniciativa que envió el Ejecutivo nacional al Senado será tratada desde las 15 en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda. De acuerdo a lo informado, la Comisión de Economía será constituida al inicio del encuentro y estará presidida por Bartolomé Abdala, mientras que el plenario se realizará junto a la comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Agustín Monteverde.
El oficialismo busca acelerar la firma del dictamen para que el proyecto pueda ser debatido en una sesión prevista para la primera semana de mayo.
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto autoriza al Ejecutivo a cumplir con acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
En ese marco, desde el Gobierno señalaron que el tratamiento de la iniciativa es de carácter urgente, ya que los acuerdos establecen como fecha límite de cierre el 30 de abril de 2026. En ese sentido, advirtieron que la falta de aprobación parlamentaria “provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.
Cabe resaltar que se trata de un acuerdo con bonistas que iniciaron demandas tras el default de 2001 y que no ingresaron en el acuerdo que la gestión de Mauricio Macri alcanzó en 2016 con la mayoría de los acreedores.
De este modo, según se informó, el acuerdo contempla el pago de 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones al grupo encabezado por Attestor, en forma simultánea a la acreditación de los bonos para su cancelación. Según el Ejecutivo, esto permitirá cerrar múltiples causas judiciales y poner fin a demandas de embargo sobre activos argentinos.
Además, el Gobierno destacó que el acuerdo implica “una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y que permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior” al que resultaría de una eventual ejecución judicial, evitando la acumulación de intereses bajo legislación extranjera.
