El Senado de la Nación rechazó este jueves los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y de financiamiento universitario, por lo que el Gobierno de Javier Milei deberá promulgar ambas leyes.
La iniciativa sobre pediatría, con foco en el Hospital Garrahan, fue respaldada por 59 votos afirmativos, con adhesiones de Unión por la Patria (UxP), senadores radicales, del PRO y de bancadas provinciales. Solo seis senadores de La Libertad Avanza y dos del PRO, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero, se pronunciaron en contra.
En tanto, el proyecto de financiamiento universitario, elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), obtuvo 58 votos a favor y 7 en contra, también con un amplio apoyo opositor y rechazo de los libertarios junto a los mismos legisladores del PRO.
Tres senadores del PRO —Alfredo de Angeli, María Victoria Huala y Martín Goerling— se abstuvieron en ambas votaciones, mientras que la radical Carolina Losada lo hizo en la votación sobre universidades.
Alcances de la ley de emergencia en pediatría
El proyecto aprobado garantiza “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica” y el funcionamiento de los hospitales públicos del área. Además, establece que el Ministerio de Salud deberá disponer la “recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial” y de los residentes nacionales.
También se dispuso la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, guardias y horas extras, junto con la reasignación de partidas presupuestarias dentro del ejercicio fiscal vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este esquema implicará un gasto adicional de $65.573 millones entre julio y diciembre de 2025.
Ley de financiamiento universitario
El financiamiento aprobado prevé una recomposición presupuestaria desde mayo a diciembre de 2024 y, a partir de enero de 2025, una actualización bimestral ajustada por inflación. Los fondos se destinarán a funcionamiento de universidades, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica y actividades de extensión.
La norma también contempla una compensación salarial por la pérdida frente a la inflación desde diciembre de 2023, la incorporación al básico de sumas no remunerativas durante 2025 y el control externo de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las universidades estatales.
De esta forma, ambas leyes quedaron firmes tras el rechazo de los vetos presidenciales y deberán ser promulgadas por el Ejecutivo.
