Este jueves, el oficialismo obtuvo una contundente victoria en el Congreso cuando la Cámara de Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil impulsado en su momento por Patricia Bullrich. Con un fuerte respaldo, la iniciativa tuvo 149 votos a favor y 100 en contra, con el peronismo como principal oposición.

Cabe destacar que el foco principal del debate -tanto parlamentario como público- estuvo puesto en el apartado que baja la edad de imputabilidad, la cual con la nueva norma pasa de 16 a 14 años.

¿Qué postura adoptaron los diputados mendocinos?

Lo primero a destacar es que de los diez legisladores que representan a la provincia en la Cámara Baja, ocho se posicionaron a favor del proyecto y sólo dos lo hicieron en contra.

Tal como lo había adelantado durante su intervención en el debate previo a la votación en general, Lourdes Arrieta -del bloque Provincias Unidas- votó a favor. Durante su discurso, la ex libertaria había mencionado que ella misma había presentado un proyecto similar anteriormente, y destacó que el oficialismo estuvo abierto al diálogo “dejando de lado las diferencias” para arribar realizar las modificaciones y ajustes necesarios.

Por su parte, el otro mendocino que tomó la palabra fue el libertario Álvaro Martínez, quien defendió la iniciativa y apuntó contra el kirchnerismo, del que dijo que “no tuvo el coraje para modificar esta ley“. En ese sentido, tal como era de esperarse, también votó a favor del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Quienes también acompañaron el proyecto fueron los libertarios Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Julieta Metral Asensio y Luis Petri. La misma postura adoptaron Pamela Verasay y Lisandro Nieri, del radicalismo.

En contrapartida, quienes se opusieron a la iniciativa fueron los integrantes del bloque peronista de Unión por la Patria: el tunuyanino Martín Aveiro y el sanrafaelino Emir Félix.

Las claves del nuevo Régimen Penal Juvenil

Además de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el texto aprobado establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para los delitos con condenas menores a 10 años, prevé sanciones alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones para concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.

La iniciativa también contempla la creación de institutos especiales para menores condenados, donde se garantizará el acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.

Además, el régimen habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.

A su vez, el proyecto incorpora un reconocimiento formal de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, asegurando su acceso a información, patrocinio jurídico, asistencia psicológica y participación en instancias relevantes del trámite judicial.