La difusión de imágenes sobre trabajo sexual en la vía pública volvió a encender la discusión en Mendoza, donde las denuncias de vecinos al 911 se repiten pero no siempre derivan en sanciones. La situación expone una tensión creciente entre quienes reclaman orden en sus barrios y un marco legal que no prohíbe la actividad.

En varias zonas señaladas como conflictivas, residentes aseguran que la presencia de trabajadoras sexuales viene acompañada de consumo de drogas, circulación de dinero y episodios de violencia, lo que impacta directamente en la vida cotidiana. Sin embargo, al momento de intervenir, la Policía enfrenta límites claros establecidos por la normativa vigente.

Según la Ley 9099, el ejercicio del trabajo sexual no constituye una infracción en sí misma (siempre que no altere el orden público ni afecte a terceros). Esto implica que la simple presencia de personas ofreciendo servicios en la vía pública no habilita automáticamente una detención.

Lo que sí puede ser sancionado es el modo en que se desarrolla la actividad. La normativa contempla multas o arrestos cuando hay incitación insistente o agresiva en la calle (o cuando la actividad resulta visible desde espacios privados hacia el exterior), además de otras figuras vinculadas al pudor o al acoso callejero.

En la práctica, cuando un vecino realiza una denuncia, la Policía solo puede actuar si detecta una contravención en el momento (de lo contrario, se limita a advertir a los involucrados). Incluso, en la Ciudad de Mendoza, también existen multas para clientes (que pueden alcanzar cifras elevadas), pero su aplicación depende de constatar la infracción. Este escenario explica por qué muchos reclamos no tienen un resultado inmediato y alimentan el malestar vecinal.