La lupa fiscal cayó sobre el precio de los cigarrillos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) activó un operativo nacional para determinar si los valores que pagan los argentinos en los kioscos coinciden con los precios declarados por las tabacaleras. El objetivo: detectar posibles maniobras de evasión tributaria.
Según la normativa vigente, el precio de los cigarrillos debe incluir un Impuesto Interno del 73%, y tanto tabacaleras como puntos de venta están obligados a respetar el valor informado oficialmente. Sin embargo, un relevamiento oficial mostró diferencias de hasta el 114,5% entre lo declarado por las empresas y lo que realmente paga el consumidor.
“La evasión puede estar en los kioscos, en las tabacaleras o en ambos,” explicaron fuentes del organismo. El informe, elaborado por la Secretaría de Industria y Comercio, disparó dos sospechas: que los kiosqueros estén vendiendo con sobreprecios ilegales o que ciertas empresas, especialmente pymes del sector, estén declarando precios artificialmente bajos para pagar menos impuestos.
El mercado tabacalero argentino está dominado en un 65% por gigantes como Massalin Particulares y British American Tobacco, mientras que el 35% corresponde a firmas más pequeñas. Durante 2024, el sector movió unos 38.000 millones de cigarrillos y generó una recaudación superior a los 1,4 billones de pesos.
En la práctica, los precios fluctúan de forma notoria. Un paquete puede costar $4200 en una estación de servicio y $5000 o más en un kiosco, una diferencia que los comerciantes justifican como necesaria para mantener la rentabilidad. Alegan que la ley permite una variación de hasta el 20%, aunque ARCA analiza si ese margen está siendo abusado.
Si se prueba que una empresa declaró precios por debajo del 20% del valor real de mercado, el Estado puede imponer un nuevo precio de referencia para cobrar los impuestos correspondientes. Para fiscalizar con más precisión, cada paquete incluye un código QR escaneable con la app oficial “Verificar”, que muestra el precio declarado por la tabacalera.
Tabacalera Sarandí, una de las firmas señaladas, apuntó contra los kiosqueros y denunció que es “muy difícil” controlar los precios finales. También cuestionó el sistema de precios de referencia, que —según dijo— favorece a las grandes compañías. Para algunos de sus productos, la brecha entre lo declarado y lo observado en góndola llega al 92%.
Las multinacionales Massalin y BAT reconocieron que existen diferencias, pero aseguraron que sus precios oficiales contemplan márgenes razonables para toda la cadena. Mientras tanto, ARCA ya inició un nuevo relevamiento y espera las respuestas de los kioscos para decidir si aplicará sanciones o ajustes impositivos.
