El Senado comenzó a debatir un proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad informática del Estado y establecer un protocolo de actuación frente a ciberataques que puedan comprometer servicios públicos, datos sensibles o infraestructura crítica de la provincia.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, empezó a ser analizada en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado. Durante el encuentro, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que el objetivo no es evitar por completo los ataques informáticos, sino dotar al Estado de herramientas para prevenirlos, detectarlos, responder de manera coordinada y recuperar rápidamente la operatividad de los sistemas afectados.

Según explicó la funcionaria, el avance de la digitalización en la administración pública incrementó la exposición a amenazas informáticas que pueden afectar desde hospitales y organismos de seguridad hasta sistemas de energía, transporte o gestión administrativa.

Rus advirtió que un incidente de estas características no solo puede interrumpir servicios esenciales, sino también comprometer información sensible que administra el Estado, como historias clínicas, datos personales o registros oficiales, que luego podrían utilizarse para cometer estafas, fraudes o robo de identidad.

El proyecto crea un Sistema Provincial de Ciberseguridad, que será el encargado de coordinar las políticas de prevención, monitoreo y respuesta ante incidentes. También prevé la conformación de un comité estratégico integrado por representantes de distintas áreas del Gobierno, responsable de elaborar un diagnóstico de la situación y diseñar una estrategia provincial en la materia.

Entre las medidas previstas se incluyen auditorías periódicas, protocolos para la gestión de riesgos, mecanismos obligatorios de notificación de incidentes y planes de continuidad operativa para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos frente a un ataque informático.

La propuesta también contempla la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad, un Equipo de Respuesta ante Incidentes y un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, con el objetivo de monitorear amenazas, elaborar estadísticas y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.

Otro de los puntos destacados es la incorporación de un programa que permitirá a especialistas en seguridad informática reportar vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos bajo un esquema de confidencialidad y protección legal para quienes actúen de buena fe.

Además, las empresas proveedoras de servicios tecnológicos para el Estado deberán informar de inmediato cualquier vulnerabilidad o incidente que pueda afectar los sistemas provinciales. El proyecto prevé sanciones para quienes incumplan esas obligaciones o oculten episodios que comprometan datos o servicios públicos.

Durante el debate, el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, aclaró que la iniciativa no crea nuevos delitos informáticos, ya que esas conductas están contempladas por la legislación penal vigente. En cambio, explicó que el proyecto apunta a fortalecer la protección de la infraestructura tecnológica del Estado y mejorar su capacidad de respuesta frente a amenazas cada vez más frecuentes.