La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado dio despacho al proyecto de Ley de Ciberseguridad remitido por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que busca establecer un marco normativo para proteger la infraestructura digital del Estado, fortalecer la seguridad de los sistemas informáticos y garantizar la continuidad de los servicios públicos frente al crecimiento de las amenazas cibernéticas.
Al comenzar la reunión, el presidente de la comisión, Walther Marcolini, dio la bienvenida al decano de la Facultad de Informática y Diseño, Rodolfo Giro, y a la secretaria de Transformación Digital de la Universidad Champagnat, Mariana Brachetta.
Durante su exposición, Giro destacó la importancia de que el ámbito académico pueda contribuir al debate legislativo mediante el aporte de conocimientos especializados. En ese sentido, señaló que la Universidad viene desarrollando proyectos de investigación vinculados con la ciberseguridad y la ciberprotección, y remarcó que la prevención y la capacitación constituyen herramientas fundamentales para reducir los delitos informáticos. Asimismo, indicó que el análisis realizado por la institución resulta favorable al proyecto, aunque incorpora algunas observaciones técnicas para fortalecer su implementación.
Por su parte, Brachetta explicó que, tras conocerse el anteproyecto, la Universidad Champagnat conformó un consejo consultivo integrado por especialistas de reconocida trayectoria para elaborar una evaluación técnica de la iniciativa. Entre ellos se encuentran referentes nacionales e internacionales vinculados a la gobernanza de Internet, la cibercriminalidad y la informática forense.
Alcances de la iniciativa
El proyecto crea el Sistema Provincial de Ciberseguridad, encargado de coordinar las políticas públicas de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes que afecten los sistemas informáticos o comprometan información crítica del Estado provincial.
La propuesta contempla la elaboración de una Estrategia Provincial de Ciberseguridad, la implementación de protocolos de gestión de riesgos, auditorías periódicas, mecanismos de notificación de incidentes y planes de continuidad operativa para garantizar la prestación de los servicios esenciales.
Asimismo, impulsa la capacitación permanente de los agentes públicos, campañas de concientización destinadas a la ciudadanía y el intercambio de información y buenas prácticas con organismos especializados.
Entre sus principales herramientas prevé la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad, un Equipo de Respuesta ante Incidentes y un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad. También incorpora un Programa de Divulgación Responsable para que especialistas en seguridad informática puedan reportar vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos bajo un esquema de confidencialidad y protección jurídica.
Además, establece obligaciones para las empresas proveedoras de servicios digitales al Estado, fija un régimen progresivo de sanciones ante incumplimientos en materia de ciberseguridad e introduce modificaciones a la Ley Provincial de Administración Financiera para agilizar la incorporación y actualización de herramientas tecnológicas destinadas a proteger la información estratégica del Estado.
