La Justicia ordenó peritar los audios que vinculan a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana de Javier Milei, en la causa que investiga presuntos cobros de sobornos en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El estudio, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, quien se encuentra a cargo de manera transitoria del juzgado que encabeza Sebastián Casanello, buscará la autenticidad de las grabaciones.

La medida fue adoptada luego de que el principal imputado en el expediente, el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, negara la validez de las grabaciones y sostuviera que fueron manipuladas. En ese marco, por disposición judicial, la Gendarmería Nacional será la encargada de realizar los análisis informáticos y acústicos sobre los archivos incorporados a la investigación.

La estrategia de la defensa apunta a cuestionar la validez probatoria de los audios. Según la hipótesis planteada por la defensa, las grabaciones podrían haber sido confeccionadas mediante la combinación de conversaciones registradas en distintos ámbitos y fragmentos de comunicaciones telefónicas. En esa línea, los abogados defensores aportaron un informe privado elaborado en España que sostiene que existiría un 65% de probabilidades de que el material haya sido manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Mientras avanza el peritaje, el fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para supervisar el procedimiento. Además, las empresas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente incorporaron peritos propios para participar del análisis técnico.

Más allá de las grabaciones difundidas públicamente, fuentes judiciales señalaron que el expediente no se sustenta exclusivamente en ese material, sino también en documentación, registros informáticos y otras evidencias reunidas durante la investigación.

En ese contexto, Spagnuolo se encuentra procesado sin prisión preventiva por presunta asociación ilícita, fraude contra la administración pública, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La resolución judicial también dispuso un embargo de 202.000 millones de pesos sobre sus bienes.

La hipótesis de la Justicia

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, existió un esquema mediante el cual se habrían direccionado contrataciones vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad. Los investigadores sostienen que detectaron presuntas irregularidades y sobreprecios tanto en la adquisición de medicamentos de alto costo como en otros insumos destinados a prestaciones para personas con discapacidad.

La pesquisa también avanza sobre movimientos financieros que, según la fiscalía, podrían estar vinculados al circuito del dinero investigado. En ese marco, para este miércoles fue citado a declaración indagatoria el empresario Alan Pocoví, a quien los investigadores vinculan con operaciones económicas bajo análisis, entre ellas movimientos de divisas y transacciones con criptomonedas.