El desenlace judicial por la muerte de Alan Villouta, el joven atropellado en 2017 en el Acceso Sur, reabrió una profunda indignación social e institucional en Mendoza.

Luego de que se declarara la prescripción de la causa y la consecuente extinción de la acción penal sobre el condenado Alejandro Verdenelli, el diputado provincial de Fuerza Patria, Lucas Ilardo, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para exigir respuestas oficiales al Poder Judicial.

La iniciativa no busca revisar las resoluciones judiciales ni interferir en el fuero jurisdiccional, sino ejercer la facultad constitucional de control institucional sobre el funcionamiento de los organismos públicos.

“La sociedad mendocina, y fundamentalmente la familia de Alan Villouta, tienen derecho a conocer una respuesta elemental: ¿Cómo pudo una causa con una persona condenada terminar prescribiendo mientras todavía estaba siendo revisada por el propio sistema judicial?”

Los ejes centrales del pedido de informes

El proyecto requiere que la Suprema Corte de Justicia, junto al Tribunal Penal Colegiado y las oficinas de notificaciones intervinientes, remita un informe pormenorizado que precise:

• Cronología y plazos: Fechas exactas de pases a despacho, órganos o magistrados responsables de las demoras y períodos de inactividad superiores a 30 días.
• El “cuello de botella” de las 72 horas: Motivos fácticos y procesales por los cuales se demoraron tres días en notificar la sentencia a Verdenelli, período crítico en el cual venció el plazo de prescripción.
• Medidas de urgencia y alertas: Si los tribunales conocían la inminencia del vencimiento, si se aplicaron habilitaciones de días u horas inhábiles y si los sistemas informáticos judiciales emitieron alertas de prescripción.
• Rol del Ministerio Público Fiscal: Actuaciones y pedidos de pronto despacho o denuncias por retardada justicia presentadas por el órgano acusador para sostener la acción penal.

La Constitución provincial impone que los recursos deben resolverse dentro de los términos legales establecidos. Con este requerimiento, el Poder Legislativo busca esclarecer los motivos del letargo judicial e impedir que el silencio institucional reemplace las explicaciones que la sociedad y la familia de la víctima demandan.