El acceso a la casa propia vuelve a estar en agenda con una nueva propuesta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que combina inversión estatal y privada. El plan apunta a sectores de clase media con ingresos superiores a cinco salarios mínimos y contempla la construcción de unas 350 viviendas en distintos puntos urbanos de Mendoza.
El esquema establece que el IPV financiará hasta el 40% del valor total de cada vivienda (con un tope equivalente a una casa de $130 millones), mientras que el resto quedará en manos de desarrolladores privados. Incluso, ese porcentaje puede incluir un aporte inicial del comprador (según el acuerdo con la empresa constructora), lo que abre distintas alternativas de acceso.
Una de las particularidades del programa es el mecanismo de devolución. El beneficiario no le paga directamente al Estado, sino al desarrollador inmobiliario (que a su vez reintegra el crédito al IPV en un plazo de hasta 10 años), con condiciones reguladas para evitar sobrecostos. En paralelo, el adjudicatario podrá financiar su vivienda en cuotas a largo plazo (hasta 20 años), bajo pautas que serán supervisadas por el organismo.
En cuanto a los requisitos, el principal es acreditar ingresos superiores a cinco Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (hoy por encima de $1.170.000). Además, el programa está destinado exclusivamente a quienes no posean otra propiedad (es decir, vivienda única), lo que busca priorizar el acceso real a la primera casa.
Las viviendas proyectadas tendrán al menos 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, baño y cocina-comedor, y podrán ser de una o dos plantas o en formato colectivo (dentro de barrios de entre 5 y 35 unidades). También se contempla el uso de sistemas constructivos modernos y criterios de eficiencia energética (con el objetivo de reducir costos y mejorar la sustentabilidad a largo plazo).
